La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de fortalecer el marco legal y reducir la impunidad en estos casos.
La propuesta busca establecer una legislación uniforme en todo el país, obligando a las fiscalías estatales a aplicar criterios homologados en la investigación del delito. De acuerdo con la mandataria, la intención es que exista un sistema integral que garantice justicia para las víctimas.
“No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio”, expresó Sheinbaum al presentar la iniciativa, subrayando la necesidad de protocolos claros y obligatorios.
Investigación obligatoria y enfoque de género
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio desde el inicio, bajo protocolos con perspectiva de género.
La propuesta también contempla nueve razones de género para tipificar el delito, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o contextos de discriminación.
Además, se establece que las autoridades deberán analizar el contexto completo del caso, incluyendo el entorno social y las condiciones previas de la víctima, con el fin de evitar errores en la clasificación del delito.
Este enfoque busca corregir prácticas previas en las que algunos casos no eran investigados como feminicidio desde el inicio.
Penas más severas y agravantes específicos
La iniciativa contempla sanciones más estrictas para quienes cometan feminicidio, con penas que van de 40 a 70 años de prisión, además de multas económicas.
También incluye 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad o pertenezca a grupos vulnerables, así como casos donde el delito sea cometido por servidores públicos.
Entre las medidas adicionales se establece la pérdida de derechos como la patria potestad, tutela o cualquier vínculo legal con la víctima, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
“Se trata de castigos más severos para combatir la impunidad”, destacan análisis sobre la propuesta.
Cambios estructurales en el sistema de justicia
La iniciativa no solo se enfoca en sanciones, sino en una transformación estructural del sistema de justicia.
Entre los cambios relevantes se encuentra la imprescriptibilidad del delito, lo que significa que podrá investigarse y sancionarse sin importar el tiempo transcurrido.
Además, se plantea que el feminicidio sea perseguido de oficio, evitando que la carga de la denuncia recaiga exclusivamente en las víctimas o sus familias.
La propuesta también contempla la creación de políticas públicas orientadas a la prevención y atención integral de la violencia feminicida.
Una reforma que busca homologar leyes en todo el país
La Ley General deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y posteriormente por los congresos estatales para su implementación en todo el territorio nacional.
El objetivo es eliminar las diferencias legales entre entidades y garantizar que el delito de feminicidio sea tratado con los mismos criterios en todo México.
“El feminicidio no debe entenderse solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos”, señalaron autoridades durante la presentación.
En este contexto, la iniciativa representa un intento por fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres, uno de los principales retos en materia de seguridad y justicia en el país.
