Las declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios cercanos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvieron a colocarse en el centro de la polémica luego de revelarse diferencias millonarias en ingresos, propiedades y bienes registrados oficialmente.
La información surge en medio de las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Uno de los casos que más llamó la atención es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien reportó ingresos y patrimonio considerablemente superiores a los del propio gobernador.
Enrique Díaz Vega reportó ingresos por 7.8 millones de pesos
De acuerdo con las declaraciones patrimoniales difundidas públicamente, Enrique Díaz Vega reportó ingresos anuales por 7 millones 820 mil 985 pesos durante 2024.
La mayor parte de esos recursos no provino de su salario como funcionario público, sino de actividades privadas relacionadas con arrendamientos, empresas y venta de vehículos.
Según reportes periodísticos, Díaz Vega también declaró participación en múltiples empresas relacionadas con construcción, inmobiliarias y exportación agrícola.
Además, registros patrimoniales señalan la compra de terrenos y vehículos de lujo, incluyendo modelos BMW y Lexus adquiridos de contado.
El exfuncionario también aparece vinculado a compañías como Olympo Farms, empresa que exportó millones de dólares en chiles hacia Estados Unidos entre 2022 y 2024.
Rocha Moya declaró ingresos menores y tres pensiones
En contraste, Rubén Rocha Moya reportó ingresos anuales cercanos a los 2.3 millones de pesos, además de recibir tres pensiones distintas.
Las prestaciones declaradas corresponden a:
- Universidad Autónoma de Sinaloa
- IMSS
- ISSSTE por viudez
El mandatario también informó bienes y propiedades dentro de su declaración patrimonial, aunque el monto total quedó muy por debajo del patrimonio atribuido a Enrique Díaz Vega.
Las diferencias patrimoniales entre ambos perfiles generaron nuevas críticas y cuestionamientos en redes sociales y sectores políticos.
Autoridades de EEUU investigan presuntos nexos con Los Chapitos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene investigaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.
Entre los señalados aparece Enrique Díaz Vega, acusado presuntamente de colaborar con operaciones relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y protección a líderes criminales.
El nombre de Rubén Rocha Moya también fue incluido dentro de los expedientes mencionados por autoridades estadounidenses, situación que provocó tensión política en Morena y en el gobierno de Sinaloa.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha sido condenado por autoridades judiciales estadounidenses o mexicanas.
Patrimonio millonario y propiedades generan polémica
Diversos reportes periodísticos señalan que Enrique Díaz Vega acumuló propiedades valuadas en más de 137 millones de pesos, además de vehículos, cuentas financieras y participación en empresas privadas.
Investigaciones periodísticas también apuntan a posibles conflictos de interés relacionados con desarrollos inmobiliarios y actividades empresariales durante su paso por el gobierno estatal.
Además, medios nacionales señalaron que el exfuncionario incrementó considerablemente su patrimonio durante los años que permaneció dentro del gabinete estatal.
Las revelaciones continúan generando presión política sobre el entorno cercano de Rocha Moya mientras avanzan investigaciones en ambos países.
El caso mantiene presión política sobre Morena y Sinaloa
El caso Rocha Moya se ha convertido en uno de los temas políticos más delicados para Morena durante 2026 debido al impacto nacional e internacional de las acusaciones.
Además de las investigaciones estadounidenses, calificadoras y analistas financieros advirtieron posibles afectaciones para la imagen institucional y financiera de Sinaloa.
Especialistas consideran que las declaraciones patrimoniales y el crecimiento económico de algunos exfuncionarios seguirán bajo revisión mediática y política durante los próximos meses.
Mientras tanto, el gobierno federal y autoridades estatales continúan enfrentando cuestionamientos relacionados con corrupción, transparencia y posibles vínculos con el crimen organizado.
