El Senado reunió el 21 de septiembre a legisladores, especialistas y representantes del fútbol para discutir las consecuencias deportivas y laborales de la suspensión del ascenso y descenso. El encuentro puso sobre la mesa las oportunidades de los clubes, las condiciones de los jugadores y los requisitos para recuperar la movilidad entre divisiones.
Legisladores piden revisar las condiciones de competencia
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, organizó el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”. Planteó que el debate sobre sus efectos públicos debe respetar la autonomía de las organizaciones deportivas.
Higinio Martínez respaldó la búsqueda de una fórmula que permita recuperar el sistema con garantías de recursos. Manuel Añorve, del PRI, señaló la necesidad de criterios transparentes sobre infraestructura y solvencia, sin cerrar las oportunidades de participación deportiva.
Ignacio Mier pidió incorporar a la Federación Mexicana de Fútbol y a los equipos de Primera División a la discusión. El encuentro no agotó las posiciones de todos los actores del sector.
El debate incluyó inversión, empleo y trayectoria profesional
La exjugadora Ana Paola López Yrigoyen sostuvo que la falta de ascenso repercute en la inversión, los patrocinios y las oportunidades laborales. Su diagnóstico se refiere a la interrupción de las oportunidades de crecimiento de los clubes.
El periodista David Faitelson también abordó la relación con las aficiones y los incentivos económicos. La diputada Amancay González Franco vinculó el sistema de ascenso con el reconocimiento del esfuerzo y con la posibilidad de que los resultados deportivos abran nuevas oportunidades.
Participaron representantes de Cancún FC, Atlético Morelia y Leones Negros, además del jugador Roberto Galán Morales y el entrenador Alfonso Sosa. Sus intervenciones aportaron experiencias de las divisiones involucradas.
Las propuestas no establecen todavía una fecha de regreso
Mauricio Vila, del PAN, citó ingresos promedio de 63 millones de dólares para clubes de la máxima categoría, frente a 2.2 millones para equipos de Expansión. Las cifras son una referencia del legislador, no un balance auditado presentado en el encuentro.
El abogado Darío del Real Campos sostuvo que el carácter privado de las organizaciones no las excluye del examen constitucional cuando sus decisiones afectan derechos. Su intervención aportó un argumento jurídico al debate, sin constituir una resolución de un tribunal.
El conversatorio no aprobó el restablecimiento del ascenso y descenso ni fijó una temporada para aplicarlo. Las propuestas requieren acuerdos entre las instancias que pueden modificar las competencias.
Los puntos pendientes incluyen las condiciones financieras, los requisitos de infraestructura y la participación de las partes ausentes. El encuentro no modifica las reglas vigentes de los torneos.
