La disputa por los resultados electorales en Coahuila escaló a los tribunales. Morena presentó una serie de recursos legales para solicitar la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales de mayoría relativa, argumentando que existieron irregularidades que comprometieron la legalidad y autenticidad del proceso celebrado el pasado 7 de junio.
La ofensiva jurídica ocurre apenas una semana después de que la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuviera el triunfo en los 16 distritos electorales en disputa, consolidando el control del Congreso estatal en uno de los últimos bastiones históricos del priismo en México.
Morena denuncia compra de votos y uso indebido de recursos
A través de un juicio electoral promovido ante las autoridades competentes, Morena Coahuila pidió la nulidad total de la elección al señalar presuntas prácticas que habrían afectado la voluntad ciudadana.
Entre los señalamientos destacan la supuesta compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, uso electoral de programas sociales, propaganda calumniosa, violencia política de género, intimidación a votantes y un presunto rebase de topes de gastos de campaña.
Según el partido, las irregularidades denunciadas habrían tenido incidencia en 962 casillas, equivalentes a cerca del 22.6% de las instaladas durante la jornada electoral.
Las denuncias llegaron a la FGR, INE y UIF
Además del recurso electoral, Morena informó que presentó diversas denuncias ante instancias federales para ampliar las investigaciones.
Una de ellas fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), donde solicitó investigar presuntos actos de compra y coacción del voto. También acudió ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar un supuesto rebase de gastos de campaña por parte de candidatos del PRI.
Asimismo, el partido pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen de recursos que presuntamente habrían sido utilizados durante la operación electoral denunciada.
El Instituto Electoral de Coahuila valida los resultados
Mientras Morena avanza con la judicialización del proceso, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) concluyó el cómputo estatal, validó los resultados de la elección y realizó la asignación de diputaciones por representación proporcional.
Como señal de protesta, los candidatos morenistas y los futuros legisladores plurinominales del partido decidieron no asistir al acto oficial de entrega de constancias. Los documentos fueron recibidos por representantes partidistas ante la autoridad electoral.
La dirigencia estatal sostuvo que el proceso electoral «está lejos de terminar» y anticipó una batalla jurídica en las instancias electorales para intentar revertir los resultados.
La victoria del PRI en Coahuila sigue bajo análisis
Los resultados preliminares y posteriores cómputos mostraron una amplia ventaja de la alianza PRI-UDC, que obtuvo alrededor del 55% de la votación estatal y ganó los 16 distritos de mayoría relativa. Morena alcanzó cerca del 26% de los sufragios, pero no logró imponerse en ninguno de los distritos en disputa.
Sin embargo, diversos análisis posteriores detectaron comportamientos atípicos en algunas casillas, incluyendo reportes de participación superior al 100% en determinados puntos de votación y resultados inusuales que han sido señalados por la oposición como elementos que ameritan revisión.
Especialistas coinciden en que, aunque la diferencia entre las fuerzas políticas fue amplia, serán los tribunales electorales quienes determinen si las pruebas aportadas por Morena son suficientes para modificar o anular alguno de los resultados obtenidos durante la elección.
Comienza la batalla legal rumbo a 2027
La impugnación presentada por Morena convierte a la elección de Coahuila en uno de los primeros grandes litigios político-electorales rumbo a los comicios de 2027.
Mientras el PRI celebra haber conservado uno de sus principales bastiones políticos a nivel nacional, Morena apuesta por una estrategia jurídica para demostrar que existieron irregularidades que afectaron el resultado de la contienda. La resolución final quedará en manos de los órganos jurisdiccionales electorales, que deberán revisar las pruebas y determinar si existen elementos para modificar los resultados o confirmar la validez de la elección.
