El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países y un fuerte impacto en el escenario político mexicano.
Las acusaciones fueron presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA), señalando una supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Acusación formal por narcotráfico y delitos relacionados
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los funcionarios implicados habrían participado en una red de protección al narcotráfico, facilitando el envío de drogas a cambio de sobornos y apoyo político.
Los cargos incluyen conspiración para tráfico de narcóticos, uso de armas y posibles delitos relacionados con crimen organizado, con penas que podrían alcanzar hasta cadena perpetua.
Entre los señalados también se encuentran figuras como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, además de mandos de seguridad y funcionarios estatales.
“Se trata de funcionarios de alto nivel que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa”, indican los documentos del caso.
Señalamientos sobre vínculos con “Los Chapitos”
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían mantenido vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, facilitando su operación dentro del estado.
Incluso, la investigación señala que el grupo criminal habría influido en procesos políticos locales, incluyendo la elección estatal de 2021, mediante intimidación a adversarios y acuerdos con actores políticos.
Este tipo de acusaciones representa un cambio en la estrategia estadounidense, al dirigir acciones legales no solo contra líderes criminales, sino también contra figuras políticas.
México responde: no hay pruebas suficientes
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que recibió solicitudes de detención con fines de extradición, pero señaló que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para sustentar los señalamientos.
“No han entregado elementos de prueba”, indicó la cancillería al referirse al caso.
Además, México expresó su inconformidad por la difusión pública de los nombres de los acusados, argumentando que podría violar principios de confidencialidad del tratado bilateral.
Rocha Moya rechaza las acusaciones
El gobernador Rubén Rocha Moya negó categóricamente las imputaciones, calificándolas como falsas y sin fundamento.
A través de un mensaje público, aseguró que demostrará su inocencia y señaló que el caso forma parte de un ataque político contra su administración y su partido.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones”, expresó el mandatario estatal.
Impacto político y tensión bilateral
El caso ha generado un impacto político significativo, al involucrar a un gobernador en funciones perteneciente a Morena, partido en el poder federal.
Analistas consideran que esta acusación podría afectar la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en temas de cooperación en seguridad y combate al narcotráfico.
Además, coloca presión sobre el gobierno federal, que deberá responder tanto en el ámbito diplomático como en el judicial.
Escenario legal en desarrollo
El proceso se encuentra en una etapa inicial, por lo que corresponderá a las autoridades mexicanas evaluar la solicitud de extradición y determinar si existen elementos para proceder legalmente.
La Fiscalía General de la República (FGR) analizará el caso conforme al marco jurídico nacional, mientras continúan las investigaciones en Estados Unidos.
El desarrollo de este expediente será clave para definir su impacto en el ámbito político, judicial y diplomático en los próximos meses.
