La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos decretada en 2020, una de las decisiones más relevantes en materia de administración de recursos públicos en los últimos años.
El pleno del máximo tribunal concluyó que la eliminación de estos instrumentos financieros no vulnera la autonomía de las entidades federativas ni invade sus competencias constitucionales, como argumentaban algunos gobiernos estatales que promovieron controversias constitucionales contra el decreto.
Con esta determinación, la SCJN pone fin a un proceso jurídico que se prolongó durante varios años y que generó amplio debate político, presupuestal y social en torno al destino de los recursos públicos.
Estados impugnaron la medida por posibles afectaciones
Diversas entidades federativas, entre ellas Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, promovieron recursos legales para frenar la desaparición de los fideicomisos. Su principal argumento fue que la medida podía afectar programas relacionados con atención a víctimas, ciencia, medio ambiente, cultura, protección civil y otros rubros sensibles.
No obstante, la Corte determinó que los fideicomisos federales no constituyen atribuciones propias de los estados, sino mecanismos administrativos creados por el Ejecutivo federal, por lo que su eliminación no representa una violación directa al pacto federal.
Los ministros señalaron que las controversias no acreditaron una afectación real a las competencias constitucionales de las entidades, por lo que las impugnaciones fueron declaradas infundadas.
Qué ocurrió con los recursos de los fideicomisos
Tras la extinción de los 109 fideicomisos, más de 68 mil millones de pesos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, con el objetivo de ser ejercidos directamente a través del presupuesto federal.
Entre los fondos eliminados se encontraban aquellos vinculados a atención de desastres naturales, apoyo a la investigación científica, fomento al cine, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, deporte, cultura y medio ambiente.
La desaparición de estos mecanismos generó preocupación en diversos sectores, que advertían sobre posibles riesgos de discrecionalidad en el manejo de los recursos y pérdida de especialización presupuestal. Sin embargo, la SCJN aclaró que esos debates corresponden al ámbito político y administrativo, no al constitucional.
Un fallo con implicaciones para el federalismo
La resolución de la Corte establece un precedente relevante sobre la relación entre la Federación y las entidades federativas en materia de administración de recursos públicos. El tribunal reafirmó que el Congreso y el Ejecutivo tienen facultades para modificar o eliminar instrumentos financieros federales, siempre que no se violen derechos constitucionales.
Especialistas en derecho constitucional señalan que este fallo delimita el alcance de las controversias constitucionales cuando se trata de decisiones presupuestales adoptadas desde el ámbito federal.
Al mismo tiempo, el caso reaviva la discusión sobre cuál es el mejor modelo para garantizar transparencia, eficiencia y control del gasto público en México.
Reacciones políticas tras la resolución
La validación de la extinción de fideicomisos ha generado reacciones contrastantes. Desde sectores afines al proyecto que impulsó la medida se argumenta que la eliminación de estos fondos permitió combatir opacidad y redirigir recursos de forma más directa hacia programas prioritarios.
En contraste, actores políticos de oposición y organizaciones civiles han insistido en que la desaparición de fideicomisos debilitó áreas estratégicas y redujo la certeza financiera de proyectos de largo plazo.
La decisión de la SCJN no cierra el debate público sobre el tema, pero sí establece con claridad que, desde el punto de vista constitucional, la medida adoptada en 2020 es válida.
Un tema que seguirá presente en la agenda pública
La extinción de fideicomisos se mantiene como uno de los temas más discutidos en torno a la gestión del gasto público y la rendición de cuentas. La resolución de la Corte ofrece certeza jurídica, pero no elimina las diferencias de visión sobre cómo deben administrarse los recursos públicos en México.
En un contexto donde continúan las discusiones sobre reformas presupuestales y administrativas, el fallo de la SCJN se convierte en un referente clave para futuros debates legislativos y políticos.
