La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el 13 de octubre de 2026 la prohibición de vender comida chatarra en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional, incluidas universidades públicas, privadas y autónomas.
La resolución establece que el Estado mexicano tiene facultades para regular la comercialización de alimentos y bebidas dentro de los planteles educativos, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar una alimentación adecuada.
Suprema Corte rechaza amparos de empresas alimentarias
El pleno de la SCJN rechazó por unanimidad tres proyectos de amparo promovidos por Maison Kayser México, Mega Vending de México y Compañía Embotelladora del Fuerte.
Las empresas argumentaron que las restricciones vulneraban derechos relacionados con la libertad comercial, la igualdad y la seguridad jurídica.
Sin embargo, los ministros determinaron que las disposiciones priorizan la protección de la salud y no impiden la comercialización general de productos fuera de los centros escolares.
Prohibición también aplica a universidades
La resolución respalda las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) previstas en los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación.
Los lineamientos fueron publicados el 30 de septiembre de 2024, después de la reforma legislativa de diciembre de 2023.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel cuestionó su aplicación a instituciones autónomas como la UNAM.
Por su parte, Lenia Batres y María Estela Ríos defendieron que la autonomía universitaria no exime del cumplimiento de disposiciones sanitarias generales.
Obesidad afecta a tres de cada cuatro adultos mexicanos
El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, destacó la dimensión del problema de sobrepeso y obesidad en México.
Según las cifras oficiales citadas durante la sesión, estas condiciones afectan aproximadamente al 75% de los adultos, al 40% de los jóvenes y al 36% de los niños.
Los ministros señalaron que las restricciones buscan modificar la oferta alimentaria dentro de las instituciones educativas, sin impedir que las personas decidan qué consumir fuera de ellas.
La resolución mantiene el respaldo judicial a las medidas de alimentación saludable y establece que las universidades también deben observar las normas sanitarias aplicables.
