Dos empresas vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado en investigaciones periodísticas como cercano a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, obtuvieron contratos por 123 millones 143 mil 630 pesos durante la elección judicial de 2025.
La información fue documentada por El Universal mediante una revisión de adquisiciones realizadas por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en cinco entidades federativas.
Cajas Graf y Litho Formas recibieron contratos electorales
Las compañías Cajas Graf y Litho Formas suministraron materiales destinados a la elección del Poder Judicial y a sus simulacros en Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit.
El reportaje señala que ambas forman parte de un grupo empresarial relacionado con Hernández Casillas, cuyos negocios han sido objeto de observaciones sobre posibles prácticas de competencia simulada.
Los contratos identificados corresponden a operaciones de 2025, aunque la investigación periodística fue publicada en noviembre de 2026.
Quintana Roo concentró más de 50 millones de pesos
El Instituto Electoral de Quintana Roo otorgó a Litho Formas un contrato por 34 millones 798 mil pesos para adquirir materiales electorales.
Posteriormente se incorporó una ampliación por 15 millones 897 mil 222 pesos con Cajas Graf.
Según la documentación revisada, el monto conjunto alcanzó aproximadamente 50.7 millones de pesos.
Sonora y San Luis Potosí también realizaron compras millonarias
En Sonora, el organismo electoral contrató materiales por 29 millones 996 mil 292 pesos y posteriormente añadió un millón 102 mil pesos.
El total reportado para ese estado ascendió a 31 millones 98 mil 292 pesos.
Por su parte, San Luis Potosí otorgó un contrato de 16 millones 899 mil 925 pesos a Litho Formas.
La investigación también identificó operaciones en Coahuila y Nayarit.
Investigan posibles irregularidades en las licitaciones
El Universal señala que existen indicios sobre posibles mecanismos de simulación de competencia entre compañías relacionadas.
Entre los elementos examinados figuran domicilios compartidos y vínculos entre representantes empresariales.
Sin embargo, recibir contratos públicos no constituye por sí mismo una conducta ilícita.
La posible existencia de colusión, responsabilidades administrativas o participación indebida de funcionarios debe determinarse mediante investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.
Contratos reavivan cuestionamientos sobre la gestión del INE
Las revelaciones se suman a los cuestionamientos sobre la contratación de materiales electorales durante la administración de Guadalupe Taddei.
El hecho de que el empresario sea descrito como cercano a la exfuncionaria no demuestra automáticamente que ella haya intervenido en cada contratación realizada por organismos estatales.
Las investigaciones deberán establecer si existieron conflictos de interés, afectaciones a la competencia o incumplimientos de la normativa de adquisiciones.
