Más de mil 200 organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades del país publicaron un desplegado dirigido al gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, para pedirle que no ceda ante la presión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de aborto.
El posicionamiento se da en el contexto del Amparo en Revisión 274/2024, mediante el cual la SCJN ordenó al Congreso de Yucatán modificar la Constitución local en lo relacionado con el derecho a la vida. De acuerdo con la información difundida, los diputados yucatecos podrían enfrentar multas individuales de hasta 269 mil 226 pesos si no acatan la instrucción de la Corte.
Organizaciones llaman a respetar la soberanía de Yucatán
Las agrupaciones firmantes solicitaron al gobernador Díaz Mena no dejarse intimidar ni manipular por la SCJN. En su desplegado, señalaron que el máximo tribunal estaría actuando como “Supremo Legislador”, al pretender definir el sentido de una modificación legislativa local.
El documento sostiene que la discusión no solo involucra el tema del aborto, sino también la separación de poderes y la soberanía del estado de Yucatán.
Las organizaciones consideran que los congresos estatales deben conservar su facultad para deliberar y legislar conforme a sus propios procesos constitucionales.
El derecho a la vida, eje del desplegado
El pronunciamiento exige el reconocimiento y respeto total al derecho a la vida, al que las organizaciones describen como el primero y principal derecho humano.
De acuerdo con el texto, este derecho se encuentra reconocido en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratados internacionales y códigos federales y estatales.
Las agrupaciones advierten que reducir el derecho a la vida a un trámite administrativo sería “gravísimo”, al considerar que sin ese derecho ningún otro puede existir.
Más de mil 200 agrupaciones respaldan el llamado
El desplegado fue firmado por organizaciones provida, familiares, religiosas, colegios y asociaciones civiles de estados como Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua.
Entre los firmantes aparecen el Movimiento Familiar Cristiano, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, la Coalición por la Familia y Vida, Vifac, Juristas Católicos y la Alianza Latinoamericana para la Familia.
También se sumaron federaciones de educación en la fe, iglesias protestantes y evangélicas, así como asociaciones civiles distribuidas en distintas regiones del país.
SCJN y congresos locales, bajo debate público
La polémica se intensificó luego de que se reportara que la SCJN emitió requerimientos formales a los congresos de Yucatán y Puebla para legislar en un sentido específico, bajo advertencia de sanciones económicas.
El caso abrió un debate sobre los límites entre la función judicial y legislativa, especialmente cuando una resolución constitucional incide directamente en decisiones de los congresos estatales.
La definición del Congreso de Yucatán será observada de cerca por organizaciones civiles, grupos defensores de derechos reproductivos, colectivos provida y actores políticos locales.
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