La Organización de las Naciones Unidas busca que el Gobierno de México asuma la operación de un programa de integración laboral para personas migrantes y refugiadas que ha beneficiado a más de 50 mil personas desde 2016.
El planteamiento fue realizado por Barham Salih, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en medio de una reducción de recursos que ha obligado al organismo internacional a revisar la manera en que financia algunos de sus programas.
El programa conecta migrantes con empleos formales
La iniciativa facilita que personas migrantes se trasladen hacia zonas del centro y norte de México donde existen mayores oportunidades laborales y mejores niveles salariales.
Más de la mitad de las colocaciones se han concentrado en el sector manufacturero, mientras que otras oportunidades se han generado en actividades relacionadas con hotelería y ventas.
El programa también ayuda a los participantes a abrir cuentas bancarias para recibir directamente sus salarios.
Empresas de origen mexicano, japonés y alemán han contratado trabajadores mediante este esquema, particularmente dentro de sectores como el automotriz y electrónico.
La ONU enfrenta una crisis de financiamiento
La propuesta ocurre mientras Naciones Unidas atraviesa una etapa de reducción presupuestaria.
Estados Unidos mantiene adeudos con el organismo por aproximadamente 4 mil millones de dólares, mientras China también registra retrasos en sus contribuciones.
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados redujo su plantilla aproximadamente en una tercera parte durante el último año.
Salih considera que transferir programas de este tipo a los gobiernos nacionales podría permitir que las iniciativas continúen y servir como modelo para otros países con flujos migratorios similares.
México enfrenta nuevos retos migratorios
El contexto migratorio también ha cambiado debido a las restricciones aplicadas por Estados Unidos en materia de asilo, detenciones y deportaciones.
México ha recibido a más de 200 mil connacionales deportados desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y también enfrenta el reto de integrar a extranjeros que han decidido permanecer en el país.
Hasta ahora no existe una confirmación oficial de que el Gobierno mexicano haya aceptado asumir directamente la administración del programa.
