El Gobierno de México rechazó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras, luego de que expertos vinculados a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresaran preocupación por recientes agresiones contra integrantes de colectivos, particularmente en Sinaloa.
La Secretaría de Gobernación sostuvo que cada caso debe investigarse de manera individual y afirmó que la atención a las desapariciones constituye una de las prioridades nacionales. También señaló que mantiene disposición para dialogar con mecanismos internacionales y compartir información sobre las acciones implementadas.
Expertos alertan por ataques contra buscadoras
El pronunciamiento internacional se produjo después de una serie de hechos registrados entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026.
Entre los casos mencionados se encuentra la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, reportada el 29 de agosto; la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, junto con su hija y dos menores; y el atropellamiento de integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa durante una manifestación en Mazatlán.
Los especialistas señalaron que las mujeres buscadoras continúan enfrentando riesgos elevados y advirtieron que, en los casos más graves, las agresiones pueden derivar en desapariciones o asesinatos.
Segob sostiene que no existe evidencia de un patrón estatal
La Secretaría de Gobernación respondió que la información disponible no acredita que exista una práctica sistemática del Estado contra personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos.
La dependencia reconoció, sin embargo, que persisten desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.
También precisó que los expertos que emitieron el pronunciamiento actúan a título personal e independiente dentro de sus mandatos y que sus opiniones no representan automáticamente una posición institucional de toda la ONU.
Gobierno enumera acciones para fortalecer las búsquedas
Entre las medidas destacadas por el Gobierno se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de iniciar carpetas de investigación desde el primer reporte y la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación.
También se mencionan la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y mayores recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda.
La estrategia contempla además coordinación entre fiscalías estatales, Fiscalía General de la República, comisiones de búsqueda y organismos de atención a víctimas.
Organizaciones mantienen llamados de protección
Amnistía Internacional respaldó el llamado de los expertos y recordó que las buscadoras pueden enfrentar desplazamiento forzado, estigmatización, revictimización y consecuencias económicas y de salud derivadas de su labor.
El debate refleja dos posiciones diferenciadas: mientras el Gobierno rechaza que exista un patrón estatal de desapariciones contra buscadoras, expertos internacionales y organizaciones civiles mantienen su preocupación por la violencia y reclaman mayores medidas de prevención y protección.
