México avanza en la construcción de un marco legal para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA), mientras distintas iniciativas buscan definir reglas sobre seguridad, derechos humanos, transparencia y supervisión. El debate ocurre en un momento en que la tecnología ya se utiliza en empresas, servicios digitales y distintas áreas de la administración pública.
El proceso legislativo todavía no se ha traducido en una ley general vigente. En paralelo, han surgido cuestionamientos sobre la necesidad de contar con una estrategia nacional que determine primero qué objetivos tendrá México frente al desarrollo de esta tecnología y cómo se coordinarán las distintas políticas públicas.
El Congreso analiza distintas propuestas
Durante 2026 se han presentado diferentes iniciativas relacionadas con la regulación de la inteligencia artificial.
Una de ellas, publicada en marzo en la Gaceta Parlamentaria, plantea expedir una Ley General de Inteligencia Artificial para establecer bases y mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ciudad de México.
En junio también se presentó otra propuesta denominada Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial. El proyecto plantea clasificar los sistemas según su nivel de riesgo, establecer prácticas prohibidas y crear una Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
Esta propuesta contempla además obligaciones para quienes desarrollen o implementen sistemas de IA considerados de alto riesgo, como realizar evaluaciones de impacto, documentar riesgos conocidos, monitorear posibles sesgos y establecer medidas de seguridad.
El proyecto todavía se encuentra pendiente en comisiones, por lo que sus disposiciones podrían modificarse durante el proceso legislativo.
¿Por qué se habla de una estrategia nacional?
Uno de los puntos del debate es que la regulación no se limite a establecer prohibiciones o sanciones, sino que forme parte de una política tecnológica más amplia.
Una iniciativa presentada anteriormente en el Congreso propone precisamente crear una Estrategia Nacional para el Uso Adecuado y Ético de la Inteligencia Artificial. El planteamiento contempla que la estrategia sea elaborada con participación de los tres órdenes de gobierno, empresas, academia, organizaciones civiles y otros sectores involucrados.
De acuerdo con esa propuesta, la estrategia tendría que establecer principios para el diseño, desarrollo y utilización de sistemas de IA, además de ser evaluada periódicamente para adaptarse a la evolución tecnológica.
La discusión también aparece en análisis recientes sobre el proceso mexicano. Especialistas citados por medios de comunicación han señalado que establecer primero objetivos nacionales podría ayudar a definir qué tipo de regulación necesita el país y cómo debe relacionarse con el desarrollo de infraestructura, talento e innovación.
México también trabaja en infraestructura y capacitación
La regulación es solamente una parte de la estrategia tecnológica mexicana.
El gobierno federal ha planteado proyectos relacionados con infraestructura de cómputo, capacitación y desarrollo de capacidades nacionales en inteligencia artificial. Entre ellos se encuentra la supercomputadora Coatlicue, así como programas de formación en áreas como IA, ciberseguridad, programación, servicios en la nube y análisis de datos.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones también contempla el desarrollo de inteligencia artificial y tecnologías emergentes dentro de sus objetivos hacia 2030.
Estos proyectos buscan fortalecer la capacidad tecnológica del país, pero plantean una cuestión adicional: contar con infraestructura para desarrollar IA no determina por sí mismo qué reglas deberán cumplir los sistemas, quién supervisará su funcionamiento o cómo se atenderán posibles daños.
Esos aspectos dependen del marco jurídico y de las instituciones que eventualmente tengan facultades de vigilancia.
Derechos, seguridad y transparencia están en el centro del debate
Las iniciativas legislativas revisadas hasta ahora coinciden en varios temas relacionados con la protección de las personas.
Entre ellos aparecen la privacidad, la protección de datos personales, la no discriminación, la seguridad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La propuesta presentada en junio también plantea que las personas sean informadas cuando interactúen con un sistema de inteligencia artificial, salvo determinadas excepciones establecidas por la ley.
Otro punto relevante es la responsabilidad. La propuesta contempla obligaciones para quienes desarrollen o utilicen sistemas de IA con el objetivo de prevenir daños previsibles y establecer medidas de seguridad contra manipulación, fugas de información y fallas.
Para los sistemas considerados de alto riesgo, el proyecto plantea evaluaciones de impacto y monitoreo continuo de su desempeño, sesgos y posibles fallas.
El uso de IA también plantea retos para el trabajo y los contenidos digitales
La expansión de estas herramientas ya genera discusiones en sectores donde pueden modificar procesos laborales o facilitar la creación de contenido.
Uno de los ejemplos es el uso de inteligencia artificial para generar o modificar voces e imágenes. En mayo de 2026 se publicó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece que los contratos de artistas intérpretes o ejecutantes deben especificar las condiciones y remuneraciones cuando su imagen o voz sea utilizada mediante sistemas de IA u otras tecnologías.
También existen preocupaciones relacionadas con la generación de contenidos falsos, suplantación de identidad, fraude y ciberseguridad. Estos riesgos forman parte de las razones por las que distintos sectores consideran necesario establecer responsabilidades y mecanismos de supervisión.
El reto será definir cómo se aplicarán las nuevas reglas
La construcción de una ley general de inteligencia artificial todavía está en proceso. Por ahora, México cuenta con iniciativas legislativas, disposiciones sectoriales, proyectos de infraestructura y documentos relacionados con principios éticos, pero no con una legislación federal integral ya vigente.
El debate tendrá que determinar no solamente qué usos de la IA estarán permitidos o restringidos, sino también quién tendrá facultades para supervisarlos, cómo se evaluarán los sistemas de mayor riesgo y qué mecanismos tendrán las personas para reclamar cuando una decisión automatizada afecte sus derechos.
La discusión ocurre mientras la inteligencia artificial continúa incorporándose a actividades económicas, científicas y administrativas. Por ello, el desafío legislativo no consiste únicamente en crear nuevas reglas, sino en establecer un marco que pueda actualizarse conforme cambie una tecnología que evoluciona con mucha mayor rapidez que los procesos tradicionales de creación de leyes.
