
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció una investigación por la presunta venta de bases de datos con más de 12.9 millones de registros personales. La dependencia obtuvo una muestra de la oferta en Telegram para indagar su origen y las posibles responsabilidades.
El hallazgo comenzó con un monitoreo
El comunicado difundido el 24 de septiembre refiere que la oferta apareció el día 22 de ese mes. Un usuario anunciaba archivos presuntamente atribuibles a centros de atención telefónica. La autoridad identificó el mensaje como parte de sus actividades de vigilancia sobre posibles vulneraciones de datos.
La información ofrecida incluiría nombres completos, correos electrónicos, teléfonos fijos y celulares, fechas de nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes, domicilios y datos bancarios. La dependencia todavía debe establecer las circunstancias en que esos registros fueron obtenidos y puestos a disposición de terceros.
La cifra de 12.9 millones corresponde al volumen anunciado en la publicación. No representa una validación individual de todos los archivos por parte de la autoridad ni permite afirmar que exista ese mismo número de personas afectadas, pues un registro no equivale necesariamente a un usuario único.
Una muestra de 13 mil registros
Los investigadores obtuvieron 13 mil registros correspondientes a 13 bases de datos. En esa muestra aparecieron nombres comerciales de empresas y entidades financieras, entre ellos Amazon, American Express, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, BBVA, Banorte, Banregio, HSBC, Inbursa e INVEX.
La relación también incluye Liverpool, Sam’s Club, Santander, Scotiabank, Sears, Suburbia, Banco Walmart, Credomatic, IXE, Sanborns, C&A y Soriana. En total, la información divulgada menciona 23 nombres asociados con las bases sometidas a análisis.
La aparición de esas denominaciones no acredita que las empresas hayan sufrido una intrusión en sus propios sistemas o sean responsables de la exposición. La Secretaría se refiere a una posible filtración y anunció diligencias para esclarecer la procedencia de los archivos.
Responsabilidades todavía por determinar
La dependencia informó que iniciará de oficio los procedimientos correspondientes y analizará el material obtenido. El objetivo es establecer si hubo irregularidades en la obtención, el tratamiento o la divulgación de información que debía permanecer bajo resguardo.
Las actuaciones se vinculan con la verificación del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El anuncio no comunica una sanción definitiva contra alguna de las compañías mencionadas ni identifica a una persona como responsable.
La evidencia confirmada por la autoridad consiste en la oferta localizada en Telegram y la muestra recabada; el alcance total, la autenticidad del conjunto ofrecido y la cadena de responsabilidades deberán precisarse mediante la investigación.












