El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 5 de noviembre un plan de auditorías y controles administrativos para investigar presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante los últimos diez años. La decisión se produce después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, en medio de señalamientos sobre posibles actos de corrupción.
El acuerdo contempla solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisar contratos y establecer mecanismos para proteger la información institucional.
Auditorías abarcarán contratos de 2016 a 2026
Entre las principales medidas se encuentra solicitar una fiscalización extraordinaria de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el instituto entre 2016 y 2026.
El organismo también contempla la posibilidad de contratar una auditoría externa para revisar las operaciones administrativas e identificar deficiencias en los procedimientos de contratación.
Las autoridades deberán elaborar un inventario de los expedientes sujetos a revisión y dar prioridad a aquellos relacionados con actividades que puedan afectar la organización de los próximos procesos electorales.
INE habilitará denuncias anónimas y protegerá documentos
El plan incluye establecer un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas sobre posibles irregularidades.
También prevé mecanismos de preservación documental para impedir la pérdida u ocultamiento de información relevante durante las investigaciones.
La revisión alcanzará aspectos relacionados con el acceso a datos del padrón electoral y otra información confidencial bajo resguardo del instituto.
Consejeros plantean cambios en las contrataciones
La consejera Carla Humphrey propuso fortalecer la participación colegiada en las decisiones administrativas y limitar las adjudicaciones directas a situaciones excepcionales.
También planteó ampliar las licitaciones, incluso internacionales, para reducir posibles conflictos de interés y prácticas discrecionales.
Por su parte, Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, manifestó la disposición del organismo para colaborar con las autoridades fiscalizadoras.
Investigaciones podrían derivar en responsabilidades
Consejeros electorales y representantes partidistas coincidieron en la necesidad de esclarecer los señalamientos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Las medidas aprobadas buscan establecer qué ocurrió en las contrataciones investigadas y evitar que eventuales irregularidades vuelvan a presentarse.
Hasta que concluyan las investigaciones, los señalamientos deberán distinguirse de responsabilidades legalmente acreditadas.
