El dirigente nacional del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas enfrenta diversas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de autoridades de Campeche por presuntos delitos relacionados con su etapa como gobernador de esa entidad. Hasta ahora, no existe una sentencia condenatoria firme en su contra.
Entre las investigaciones mencionadas se encuentra un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante el periodo en que Moreno gobernó Campeche, entre 2015 y 2019. También existen señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito debido a supuestas inconsistencias entre sus ingresos como servidor público y el crecimiento de su patrimonio.
Peculado, lavado de dinero y fraude fiscal entre las investigaciones
De acuerdo con la información disponible, las indagatorias abarcan posibles delitos de peculado y desvío de recursos públicos, así como presunto lavado de dinero mediante operaciones que, según las investigaciones, habrían involucrado empresas fantasma y prestanombres.
También se mencionan investigaciones por tráfico de influencias, fraude fiscal y uso indebido de atribuciones y facultades, estas últimas relacionadas con supuestas irregularidades en contratos gubernamentales y servicios simulados. Las acusaciones permanecen bajo investigación y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.
Primer proceso de desafuero fue desechado en 2025
En agosto de 2025, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y posteriormente el pleno desecharon un primer expediente de solicitud de desafuero contra Moreno Cárdenas promovido por la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.
El dirigente priista sostiene que las investigaciones forman parte de una ofensiva política y jurídica en su contra. Afirmó que desde 2022 enfrenta carpetas de investigación que considera fabricadas, entre ellas por peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.
“Alito” Moreno asegura haber ganado procesos legales
Moreno Cárdenas afirma que ha obtenido resoluciones favorables mediante amparos, revisiones y sentencias de autoridades federales, y sostiene que un juez ordenó cerrar el expediente relacionado con el proceso de desafuero.
La controversia ocurre después de que el senador denunciara en Washington presuntos intentos de censura en su contra. El caso mantiene abierto un nuevo frente político y jurídico alrededor del dirigente nacional del PRI.
