Empresarios turísticos de Playa del Carmen, Quintana Roo, denunciaron ante autoridades estatales y federales presuntos actos de corrupción, amenazas y extorsión atribuidos a funcionarios de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, quienes supuestamente exigirían pagos de entre 5 mil y 20 mil pesos para evitar inspecciones, multas o clausuras.
Los denunciantes pertenecen a negocios de hospedaje, alimentos, bebidas y servicios relacionados con el turismo, algunos con alrededor de 20 años de operación en el municipio. Los hechos quedaron asentados en las denuncias FGR/ATN/4689/2026 y FGE/QR/SOL/DEL/4369/2026.
Denuncian pagos para regularizar negocios y evitar multas
Según los empresarios, funcionarios ofrecerían realizar trámites alternos para elaborar Programas Internos de Protección Civil, condonar multas, autorizar anuencias, solventar inspecciones y aprobar licencias de funcionamiento. Quienes no aceptaran esas condiciones enfrentarían nuevas revisiones y posibles sanciones por cualquier irregularidad detectada.
Las acusaciones señalan que estas prácticas se realizarían en coordinación con las áreas municipales de Fiscalización y Cobranza. Los comerciantes sostienen que los montos exigidos dependen del tipo de establecimiento y de la cantidad de clientes que recibe.
Empresarios señalan presión contra negocios que utilizan gas LP
Las denuncias, presentadas el 6 de agosto de 2026, sostienen que los presuntos abusos comenzaron a registrarse de manera reiterada desde abril y se intensificaron contra establecimientos que utilizan gas LP. Uno de los episodios más recientes habría ocurrido el 7 de julio.
Los afectados aseguran que algunos establecimientos han recibido multas o amenazas de cierre pese a contar con Dictamen de Protección Civil y peritajes sobre sus instalaciones de gas, incluidos diagramas y pruebas de tanques y válvulas de seguridad.
Piden intervención del Gabinete de Seguridad federal
Los empresarios solicitaron la intervención del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ante el temor de posibles represalias y señalaron directamente al titular municipal de Protección Civil, Darwin Manuel Covarrubias Góngora, como parte del contexto de las irregularidades denunciadas. Las acusaciones deberán ser investigadas y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal o administrativa.
También afirmaron que utilizaron un número de WhatsApp habilitado por la alcaldesa Estefanía Mercado para recibir reportes confidenciales sobre corrupción y abuso de funcionarios, aunque aseguraron que hasta el momento no habían recibido seguimiento.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio las prácticas de inspección en uno de los principales destinos turísticos de México y el impacto que posibles cobros indebidos pueden tener sobre hoteles, restaurantes y otros negocios de Playa del Carmen.
