Legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados proponen fortalecer el marco legal contra las empresas fantasma y las redes de facturación simulada, mecanismos que causarían una evasión fiscal de hasta 1.45 billones de pesos anuales.
El Grupo de Trabajo de Mejoras al Código Fiscal de la Federación, encabezado por el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, presenta sus conclusiones antes de la entrega del Paquete Económico 2027, prevista para el 8 de septiembre de 2026.
Facturación simulada moviliza más de 3.1 billones de pesos
Los legisladores calculan que las redes de facturación falsa movilizan más de 3.1 billones de pesos. La evasión estimada de 1.45 billones equivale a cerca del 27% de los ingresos tributarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación 2025.
Entre 2014 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria detecta 8 mil 204 empresas factureras, responsables de emitir 8.8 millones de comprobantes fiscales digitales falsos por alrededor de 1.6 billones de pesos. Estas operaciones representan una evasión estimada de 354 mil millones de pesos.
El grupo parlamentario sostiene que la pérdida de recursos limita el financiamiento de servicios públicos en áreas como salud, educación e infraestructura, además de distorsionar la competencia entre las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
ASF detecta proveedores fantasma en 13 estados
La Auditoría Superior de la Federación documenta redes de proveedores fantasma en al menos 13 entidades. Los montos identificados superan los 14 mil millones de pesos en servicios públicos y los 10 mil millones en contratos de obra pública.
Ante estos hallazgos, el grupo de trabajo plantea reforzar la coordinación entre autoridades federales, auditorías estatales y municipios. Una de las prioridades consiste en impedir que gobiernos locales contraten compañías que simulan operaciones o funcionan como empresas fachada.
Las propuestas también contemplan explorar la responsabilidad solidaria de los fedatarios públicos que faciliten la constitución de empresas fantasma y aplicar sanciones más estrictas a quienes deduzcan operaciones inexistentes. El análisis incluye el contrabando de combustibles y otros esquemas emergentes de simulación.
Protección a denunciantes y coordinación institucional
Los diputados proponen crear la figura del colaborador fiscal eficaz y establecer mecanismos seguros para denunciar irregularidades. Las medidas incluyen reserva reforzada de identidad, trazabilidad interna de las denuncias y protección contra represalias.
Asimismo, consideran necesario regular la coordinación entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, sancionar las filtraciones de información y reducir la discrecionalidad administrativa.
El documento plantea modular la restricción de los certificados de sello digital. Los participantes en las mesas de trabajo advierten que el combate a la evasión debe preservar las garantías de defensa, seguridad jurídica y proporcionalidad de los contribuyentes.
Reordenamiento del Código Fiscal e inteligencia artificial
Ramírez Cuéllar propone una reorganización estructural del Código Fiscal de la Federación. El proyecto contempla eliminar cerca de 80 artículos derogados y compactar otros 140 que actualmente contienen subdivisiones consideradas complejas.
También se plantea regular la economía digital para gravar el valor generado en México por plataformas globales que no cuentan con presencia física en el país.
En materia de inteligencia artificial, la propuesta busca prohibir que las determinaciones fiscales sean totalmente automatizadas. El planteamiento establece la revisión humana obligatoria y el derecho del contribuyente a conocer las inconsistencias específicas detectadas mediante algoritmos.
El grupo incluye legisladores de distintas bancadas, entre ellos Claudia Rivera, Dolores Padierna, Carlos Ventura Palacios, Homero Niño de Rivera, Cindy Winckler, Reginaldo Sandoval, Yericó Abramo Masso y Gloria Núñez.
