Fricción Pública
Por Antonio Trejo
Análisis, contexto y opinión sobre los temas que definen a México.
Durante muchos años Andrés Manuel López Obrador y Morena construyeron una de sus batallas políticas más persistentes alrededor del Instituto Nacional Electoral.
El argumento era conocido.
El INE era demasiado caro.
Sus consejeros ganaban demasiado.
Existía una burocracia dorada.
El organismo había perdido contacto con la ciudadanía.
Algunos de sus integrantes actuaban como adversarios de la Cuarta Transformación.
Y ciertas decisiones, según el obradorismo, demostraban que el árbitro electoral estaba políticamente inclinado contra el movimiento que posteriormente conquistaría la Presidencia.
La confrontación llegó a tal grado que durante años hablar del INE significó prácticamente hablar de una batalla política entre el gobierno y la autoridad electoral.
Hoy la fotografía es extrañamente distinta.
Morena ya no parece desconfiar del INE con la intensidad de antes. Ahora son principalmente los partidos opositores —y algunos integrantes del propio Consejo General— quienes cuestionan su independencia, sus procedimientos y determinadas decisiones.
El cambio debería llamar nuestra atención.
No porque demuestre automáticamente que el instituto haya sido capturado por el oficialismo.
Eso no puede afirmarse responsablemente con la evidencia disponible.
Pero sí porque revela una transformación institucional suficientemente importante como para preguntarnos si el árbitro electoral está llegando fortalecido o debilitado al proceso de 2027.
Y esa pregunta adquiere todavía más relevancia cuando el próximo año estarán en disputa las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
México no puede darse el lujo de descubrir después de la elección que su árbitro perdió credibilidad antes de que comenzara el partido.
La autonomía también se puede erosionar sin desaparecer
Existe una idea equivocada sobre las instituciones democráticas.
Pensamos que solamente dejan de ser autónomas cuando alguien toma físicamente el control de ellas.
No funciona así.
La independencia institucional puede debilitarse gradualmente.
Mediante reformas.
Nombramientos.
Cambios administrativos.
Concentración de facultades.
Reducción de controles colegiados.
Modificaciones presupuestales.
O simplemente mediante una cultura interna donde la discrepancia comienza a perder peso.
En octubre de 2024 se reformó la legislación electoral para otorgar a la Presidencia del INE mayores facultades para designar directamente titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin necesitar la aprobación del Consejo General.
En enero de 2026, la Suprema Corte cerró la última vía jurídica que buscaba revertir esas facultades.
Y en abril Guadalupe Taddei comenzó a utilizarlas.
El cambio no es menor.
Durante años, buena parte de las principales designaciones dentro del Instituto dependían de acuerdos entre consejeros.
Eso obligaba a negociar.
A construir mayorías.
A generar consensos.
Era incómodo.
Era lento.
Pero también constituía un contrapeso.
Ahora una parte importante de esa capacidad se encuentra concentrada en la Presidencia.
La eficiencia administrativa puede justificar procesos más rápidos. La pregunta es si vale la pena conseguir eficiencia reduciendo colegialidad dentro de una institución cuya principal virtud debería ser precisamente evitar la concentración de poder.
Esa discusión no es burocrática.
Es democrática.
Un árbitro dividido antes del partido
La fractura interna del Consejo General tampoco puede ignorarse.
Consejeros como Martín Faz, Arturo Castillo y Carla Humphrey han expresado públicamente desacuerdos con decisiones recientes.
No estamos hablando de representantes partidistas reclamando porque una votación no les favoreció.
Estamos hablando de integrantes del propio órgano electoral cuestionando decisiones del instituto al que pertenecen.
Eso cambia completamente la dimensión del problema.
Arturo Castillo llegó a advertir que México podría encontrarse ante el escenario perfecto para una elección cuestionada.
Martín Faz ha insistido en la necesidad de mantener controles, profesionalismo y colegialidad.
La Presidencia del INE responde que el organismo conserva autonomía y capacidad operativa.
Ambas posiciones merecen ser escuchadas.
Pero hay algo que debería preocuparnos independientemente de quién tenga razón:
un instituto electoral que comienza el proceso dividido necesita trabajar el doble para producir confianza.
Porque la confianza electoral no se construye solamente contando correctamente los votos.
También depende de que partidos, candidatos y ciudadanos crean que las reglas fueron aplicadas de manera uniforme.
Las precampañas que oficialmente no son precampañas
Uno de los debates más reveladores gira alrededor de los procesos internos utilizados por partidos políticos para posicionar aspirantes rumbo a 2027.
La política mexicana tiene una extraordinaria capacidad para inventar nombres que permiten realizar actividades electorales sin llamarlas actividades electorales.
Recorridos.
Asambleas.
Coordinaciones.
Procesos internos.
Defensa de la transformación.
Encuentros ciudadanos.
Los partidos pueden sostener que todavía no existe una candidatura formal.
Pero para cualquier ciudadano que observe espectaculares, recorridos territoriales, entrevistas, estructuras de promoción y aspirantes posicionándose meses antes de las campañas legales, la diferencia parece bastante más difícil de apreciar.
El INE discutió recientemente lineamientos para fiscalizar y regular estos procesos.
El proyecto fue rechazado por siete votos contra cuatro.
La mayoría argumentó que necesitaba mayor análisis técnico y jurídico.
Es una explicación válida.
El propio INE aclaró posteriormente que mantiene sus facultades de fiscalización y que el rechazo no implica renunciar a regular posteriormente la materia.
Pero el calendario político no se detiene mientras los consejeros estudian.
Cada semana que pasa sin reglas suficientemente claras es una semana durante la cual los aspirantes continúan posicionándose.
Aquí aparece una pregunta fundamental:
¿para qué existe un árbitro electoral si solamente puede intervenir cuando los jugadores ya recorrieron media cancha?
La paradoja Morena-INE
Quizá nada sintetice mejor el momento actual que la relación del partido gobernante con el instituto.
Durante años Morena denunció que el INE perseguía a su movimiento.
Hoy su discurso ha cambiado.
Cuando partidos opositores cuestionan decisiones del Consejo General, Morena defiende al instituto y acusa a sus adversarios de intentar desacreditarlo anticipadamente.
No existe nada ilegal en ese cambio.
Los partidos modifican posiciones dependiendo de las circunstancias políticas.
Pero resulta difícil ignorar la ironía.
El INE que antes era presentado como enemigo de la democracia ahora recibe el respaldo más contundente del partido que durante años quiso reformarlo profundamente.
Al mismo tiempo, sectores opositores que alguna vez defendieron al instituto como símbolo de la transición democrática ahora denuncian permisividad frente al oficialismo.
La conclusión fácil sería afirmar que todos son hipócritas.
La conclusión más útil es otra:
ningún partido debería evaluar la autonomía de un árbitro dependiendo de si sus decisiones le benefician.
El estándar debe ser institucional.
No electoral.
Las “boletas planchadas” y la importancia de los detalles
Otro debate reciente puede parecer excesivamente técnico.
No lo es.
El INE aprobó criterios relacionados con las llamadas “boletas planchadas”: papeletas que aparecen dentro de las urnas sin los dobleces que normalmente deberían adquirir al introducirse por la ranura correspondiente.
Consejeros críticos han advertido que determinadas papeletas podrían resultar físicamente difíciles de introducir sin doblar y que flexibilizar los criterios podría abrir espacio a irregularidades.
Otros integrantes del instituto sostienen que una característica física de la boleta no puede convertirse automáticamente en razón para anular la voluntad expresada claramente por un elector.
Ambas posiciones tienen argumentos.
Y precisamente ahí aparece el verdadero trabajo del árbitro.
Establecer reglas claras antes de la elección.
Probar escenarios.
Demostrar físicamente qué es posible.
Evitar zonas grises.
No necesitamos teorías conspirativas.
Necesitamos protocolos.
La democracia también se protege mediante detalles aparentemente aburridos.
Tipo de papel.
Dimensiones.
Ranuras.
Sellos.
Cadena de custodia.
Actas.
Recuentos.
Porque cuando llega una elección cerrada, aquello que parecía irrelevante puede convertirse en una crisis nacional.
Una estructura ejecutiva demasiado inestable
El INE también enfrenta una situación interna poco saludable.
En septiembre, Claudia Arlett Espino dejó la Secretaría Ejecutiva apenas un día antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027.
Argumentó motivos de salud y la necesidad de atender su vida personal y familiar.
Eso debe respetarse.
Pero la salida volvió a colocar sobre la mesa la inestabilidad de una posición fundamental.
La Secretaría Ejecutiva no es un puesto decorativo.
Coordina la estructura operativa del Instituto.
Las 32 juntas locales.
Las 300 juntas distritales.
Buena parte de la maquinaria que hace posible instalar casillas, capacitar ciudadanos, distribuir material y procesar una elección nacional.
Durante la gestión de Taddei ha habido diferentes encargados y dificultades para consolidar permanentemente varias posiciones directivas.
En otras áreas ocurre algo parecido.
La Dirección Ejecutiva de Administración ha tenido múltiples responsables desde 2023.
Una institución electoral necesita renovación, pero también necesita memoria técnica.
Cambiar continuamente de directivos puede terminar debilitando precisamente aquello que durante décadas permitió al INE organizar elecciones complejas: un servicio profesional experimentado.
Y ahora aparecen las contrataciones
Esta semana surgió un nuevo problema.
Investigaciones periodísticas dieron a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera analiza a siete empresas proveedoras relacionadas con materiales electorales y que algunas de ellas habían tenido vínculos contractuales con instituciones dirigidas previamente por personas actualmente relacionadas con la Presidencia del INE.
Guadalupe Taddei respondió.
Negó empresas favoritas.
Aseguró que las contrataciones han sido auditadas.
Explicó que varias de esas empresas forman parte desde hace años del mercado especializado en materiales electorales.
También señaló que personas mencionadas en las investigaciones ya no trabajan dentro del Instituto.
Hasta este momento, no existe una sentencia que permita afirmar que Guadalupe Taddei cometió corrupción o que las contrataciones fueron ilegales.
Eso debe quedar perfectamente claro.
Una investigación no equivale a culpabilidad.
Una relación comercial no demuestra una red de corrupción.
Un señalamiento periodístico no sustituye una resolución administrativa o judicial.
Pero igualmente sería absurdo minimizar el asunto.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente aclaraciones.
Dirigentes de Morena también solicitaron que cualquier irregularidad sea investigada.
El propio INE presentó información para defender sus procedimientos.
Eso es correcto.
Pero el daño reputacional ya existe.
Y nuevamente aparece la palabra que atraviesa toda esta discusión:
confianza.
El árbitro puede ser honesto y aun así parecer parcial
Hay algo especialmente complejo en instituciones como el INE.
No basta con actuar legalmente.
También deben parecer imparciales.
La apariencia de independencia importa porque millones de personas no tienen capacidad para revisar expedientes, auditorías, reglamentos y votos particulares.
Observan comportamientos.
Escuchan declaraciones.
Ven quién defiende a quién.
Y construyen percepciones.
Por eso una autoridad electoral debe manejar estándares todavía más estrictos que otras instituciones.
Una reunión que en cualquier dependencia sería normal puede generar sospechas.
Un nombramiento técnicamente válido puede parecer político.
Una contratación legal puede plantear conflicto de interés.
Una declaración aparentemente inocente puede interpretarse como favoritismo.
El árbitro tiene derecho a equivocarse administrativamente. Lo que no puede permitirse es acumular dudas políticas.
El presupuesto vuelve a mostrar otra contradicción
También existe un tema económico.
Durante años la 4T criticó el costo del INE.
Guadalupe Taddei, al llegar a la Presidencia, dijo compartir varios principios de austeridad.
Sin embargo, para 2027 el organismo enfrenta una elección extraordinariamente compleja y ha solicitado una cantidad considerable de recursos.
El proyecto presupuestario contempla más de 42 mil millones de pesos si se incluye financiamiento público a partidos.
El aumento respecto a 2026 es enorme.
Existe una explicación.
En 2027 habrá elección federal para renovar la Cámara de Diputados, elecciones concurrentes en las 32 entidades y 17 gubernaturas.
Preparar urnas, casillas, capacitación, sistemas informáticos, fiscalización y logística cuesta dinero.
Por eso comparar simplemente un año electoral con uno ordinario puede resultar engañoso.
Pero también sería irresponsable entregar cualquier cantidad solicitada sin revisión.
La austeridad no debería significar debilitar elecciones. Y autonomía tampoco debería significar presupuesto sin escrutinio.
Ambas cosas pueden coexistir.
Más de cien millones de electores necesitan algo muy sencillo: certeza
El padrón que participará en 2027 superará los cien millones de personas.
La dimensión logística es gigantesca.
Pero el reto más importante quizá no sea imprimir suficientes boletas.
Es conseguir que esos ciudadanos confíen en el resultado.
México ya vivió décadas en las que las elecciones generaban sospecha.
La creación y fortalecimiento del IFE, posteriormente convertido en INE, fue precisamente respuesta a esa historia.
La autonomía electoral no apareció porque los políticos fueran generosos.
Apareció porque la sociedad dejó de aceptar que el gobierno organizara las elecciones donde él mismo competía.
Ese principio sigue siendo vigente.
Independientemente de quién gobierne.
La 4T también debería querer un INE incómodo
Aquí existe quizá la mayor paradoja.
Morena debería ser el partido más interesado en preservar un INE genuinamente autónomo.
¿Por qué?
Porque algún día dejará de gobernar.
Todos los partidos lo hacen.
Y cuando llegue ese momento agradecerá que exista un árbitro capaz de incomodar al poder en turno.
La democracia no se diseña pensando en las próximas elecciones.
Se diseña pensando en cuando nuestro adversario tenga el control del gobierno.
Una institución solamente demuestra su autonomía cuando es capaz de molestar a todos.
Al oficialismo.
A la oposición.
A los empresarios.
A los gobiernos estatales.
A quien sea necesario.
El INE todavía tiene tiempo
Nada de lo anterior significa que la elección de 2027 esté condenada.
No existe evidencia para afirmar que el resultado vaya a ser manipulado.
No existe base seria para anticipar fraude.
El INE conserva un Servicio Profesional Electoral experimentado.
Tiene infraestructura.
Tiene presencia territorial.
Tiene mecanismos de fiscalización.
Tiene miles de funcionarios con décadas organizando elecciones.
Y dentro del propio Consejo existen voces diversas.
Todo eso es importante.
Pero precisamente porque la institución conserva capacidades extraordinarias, sería irresponsable ignorar sus señales de desgaste.
2027 puede convertirse en una oportunidad.
El INE puede corregir.
Transparentar nombramientos.
Explicar contrataciones.
Fortalecer colegialidad.
Regular oportunamente los procesos políticos anticipados.
Mejorar protocolos.
Demostrar independencia frente al Gobierno.
Y aplicar exactamente el mismo estándar a todos los partidos.
El problema no es quién controla al INE
Quizá estamos formulando equivocadamente la pregunta.
No deberíamos preguntarnos si Morena controla al INE.
Esa afirmación exige pruebas que hoy no existen.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿existen suficientes contrapesos para impedir que cualquier partido pueda controlarlo algún día?
Ahí debería centrarse la discusión.
Porque los funcionarios cambian.
Los partidos cambian.
Las mayorías cambian.
Pero las reglas permanecen.
Guadalupe Taddei sostiene que el INE “no obedece al gobierno ni a ideologías”.
Ojalá tenga razón.
La mejor manera de demostrarlo no será repitiendo la frase.
Será tomando decisiones que incomoden por igual a quien gobierna y a quien quiere gobernar.
La democracia mexicana no necesita un INE opositor.
Tampoco necesita un INE oficialista.
Necesita algo mucho más difícil:
un INE que no le deba nada a nadie.
Y cuando en junio de 2027 millones de mexicanos depositen una boleta dentro de una urna, lo verdaderamente importante no será únicamente quién gane.
Será que quienes pierdan tengan razones suficientes para aceptar que realmente perdieron.
Ese es el trabajo del árbitro.
Y por eso todo lo que hoy ocurre dentro del INE importa mucho más de lo que parece.
