La diputada Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, denunció ante el Congreso de la Ciudad de México que alrededor de 35 mil personas que prestan servicios en dependencias y programas del Gobierno capitalino enfrentan condiciones laborales precarias.
El señalamiento se realizó durante la comparecencia de Inés González, secretaria del Trabajo de la capital, quien ofreció asesoría jurídica a las personas que consideren vulnerados sus derechos laborales.
Diputada señala irregularidades en programas y dependencias
Urriza afirmó que existen personas que realizan actividades para el Gobierno de la Ciudad de México sin contar con contratos laborales ni acceso a seguridad social.
Entre los grupos mencionados se encuentran trabajadores del sector cultural, Pilares, Utopías y distintos programas sociales, además de personal identificado como voluntario en servicios de limpia.
La legisladora también cuestionó que, en algunos casos, las personas deban adquirir sus propios uniformes.
Las cifras corresponden a la denuncia presentada por la diputada y no a un censo laboral oficial confirmado por el Gobierno capitalino.
Exponen caso de trabajadora de programas sociales
Durante la comparecencia, la diputada panista Lizzete Salgado presentó una carta firmada por Mariana Ascensión Quiroz, quien colabora en programas sociales del Gobierno local.
En el documento, la trabajadora denunció falta de seguridad social, remuneraciones insuficientes y presuntas prácticas de violencia laboral e institucional.
También solicitó una inspección de las condiciones de trabajo y acompañamiento jurídico para atender su situación.
La secretaria del Trabajo se comprometió a revisar el caso.
Secretaría del Trabajo ofrece asesoría a empleados
Inés González invitó a las personas que enfrenten estas circunstancias a acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México.
La funcionaria explicó que la dependencia puede proporcionar orientación jurídica y acompañamiento durante procedimientos de conciliación, mediación o juicios laborales.
La atención dependerá de las características de cada caso y de la relación jurídica que exista entre las personas y las dependencias donde realizan sus actividades.
Congreso capitalino revisa condiciones de contratación
La denuncia plantea cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para incorporar personal a programas gubernamentales y servicios públicos.
Las intervenciones legislativas también pusieron sobre la mesa la diferencia entre participar como beneficiario o colaborador de un programa social y mantener una relación laboral que genere obligaciones para la institución.
Hasta el momento, la información difundida no incluye un programa general de regularización laboral para las personas señaladas ni una determinación oficial sobre el número total de trabajadores afectados.
