Fricción Pública
Por Antonio Trejo
Análisis, contexto y opinión sobre los temas que definen a México.
Hay momentos en que una institución puede defenderse con estadísticas. Hay otros en los que las estadísticas dejan de ser suficientes porque quienes conocen el problema desde dentro deciden salir a las calles.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Durante los últimos días, médicos, enfermeras, personal administrativo, trabajadores de mantenimiento, jubilados y empleados sindicalizados del IMSS han protagonizado movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades para exigir mejores salarios, más personal, medicamentos, insumos, instalaciones dignas y cambios dentro de su representación sindical.
El conflicto comenzó a hacerse especialmente visible desde el 8 de octubre. Hubo bloqueos en avenidas importantes de la capital, concentraciones frente a las oficinas centrales del Instituto y protestas en hospitales.
Para este 13 de octubre está convocada una nueva movilización desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia Palacio Nacional.
No estamos hablando únicamente de trabajadores negociando un contrato colectivo.
Estamos ante una señal de alarma proveniente de quienes todos los días mantienen funcionando una de las instituciones sociales más importantes de México.
Y eso debería preocupar mucho más que el tráfico provocado por una marcha.
Cuando quien protesta es quien atiende al paciente
Las movilizaciones del IMSS tienen una característica particularmente incómoda para cualquier gobierno.
No provienen exclusivamente de adversarios políticos.
No son únicamente organizaciones opositoras.
No pueden explicarse simplemente como una campaña contra la administración federal.
Quienes protestan son, en buena medida, las mismas personas que reciben pacientes, aplican medicamentos, realizan cirugías, limpian quirófanos, procesan estudios, reparan instalaciones y mantienen funcionando hospitales públicos.
Eso cambia la dimensión del problema.
Cuando un médico denuncia que faltan insumos, el Gobierno tiene obligación de escucharlo.
Cuando una enfermera afirma que trabaja bajo condiciones insuficientes, merece una respuesta.
Cuando trabajadores de mantenimiento señalan instalaciones deterioradas, conviene revisar el hospital antes de desacreditar la protesta.
Una bata blanca en una manifestación debería pesar tanto como una gráfica presentada desde un escritorio.
Porque existe algo que los informes administrativos nunca consiguen registrar completamente: la experiencia cotidiana.
Y la experiencia cotidiana de miles de trabajadores parece estar diciendo que algo no está funcionando como debería.
El salario encendió la protesta, pero el problema es mucho mayor
Una parte inmediata del conflicto se encuentra en la negociación salarial.
Los trabajadores inconformes cuestionaron un incremento de 2.9% al salario tabular. El IMSS y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social han explicado que el acuerdo completo asciende a 6.8% si se agregan 3.9% correspondientes a prestaciones.
La diferencia no es menor.
Tampoco es simplemente aritmética.
Para el trabajador, el porcentaje que llega directamente a su salario base tiene efectos distintos al incremento integrado por prestaciones.
Por eso algunos grupos demandan aumentos mayores e incluso han planteado incrementos cercanos a 10%.
El 14 de octubre está prevista una consulta entre trabajadores para pronunciarse sobre el acuerdo salarial.
Pero reducir toda esta movilización a una discusión porcentual sería perder de vista lo verdaderamente importante.
Los manifestantes hablan también de falta de personal.
De medicamentos.
De material médico.
De mantenimiento.
De equipos.
De sobrecarga laboral.
De citas tardías.
De infraestructura.
Y de representación sindical.
El salario pudo haber encendido la mecha. Las condiciones acumuladas parecen haber proporcionado el combustible.
El Gobierno también tiene cifras a su favor
Una columna crítica pierde credibilidad cuando sólo selecciona aquello que confirma su argumento.
Y en el caso del IMSS existen datos que el Gobierno puede legítimamente colocar sobre la mesa.
Zoé Robledo sostiene que desde 2019 el Instituto ha incorporado aproximadamente 109 mil trabajadores adicionales.
Entre ellos se encuentran alrededor de 39 mil médicos especialistas y 28 mil integrantes del personal de enfermería.
El IMSS afirma contar actualmente con unos 511 mil trabajadores.
También informa que durante los últimos dos años se han inaugurado siete hospitales, existen otros ocho próximos a entrar en operaciones y 19 se encuentran en construcción.
Durante una sola semana, del 2 al 9 de octubre, el Instituto reportó más de 30 mil cirugías, 662 mil consultas de especialidad y dos millones de consultas de medicina familiar.
Eso importa.
El IMSS no es una institución paralizada.
Todos los días ocurren dentro de sus hospitales intervenciones extraordinarias, trasplantes, cirugías, nacimientos y tratamientos que literalmente salvan vidas.
México tiene profesionales de la salud extraordinariamente capacitados.
Sería profundamente injusto ignorarlo.
Pero reconocer la magnitud de la operación no elimina las deficiencias.
En cierto sentido, las explica.
Más derechohabientes, más presión
El Seguro Social enfrenta una ecuación cada vez más difícil.
Al cierre de septiembre de 2026 había 22 millones 927 mil puestos de trabajo registrados ante el Instituto, la cifra más alta de la serie.
Pero los trabajadores activos constituyen únicamente una parte del universo que depende del sistema.
Los pensionados pasaron de 4.3 millones en 2019 a aproximadamente 6.3 millones.
Los padres y madres de asegurados registrados como beneficiarios también han aumentado.
La población envejece.
Las enfermedades crónicas cuestan más.
Los tratamientos son más sofisticados.
Los medicamentos de alta especialidad son extraordinariamente caros.
Y las expectativas de los usuarios son mayores.
Mientras tanto, un sistema diseñado hace décadas debe atender una estructura demográfica completamente diferente.
El IMSS está obligado a correr más rápido simplemente para permanecer en el mismo lugar.
Ese es uno de sus principales desafíos financieros.
Y ningún discurso político puede eliminarlo.
El gigante financiero que también puede quedarse sin una venda
Aquí aparece una de las mayores paradojas.
El IMSS administra cantidades gigantescas de dinero.
El Presupuesto de Egresos de 2026 contempla alrededor de 1.59 billones de pesos en egresos dentro de su flujo financiero.
Sólo en pensiones y jubilaciones aparecen más de un billón de pesos.
Para medicinas, productos y suministros médicos se contemplaron más de 118 mil millones de pesos.
Estamos hablando de cifras gigantescas.
Por eso la pregunta inevitable es:
¿cómo puede una institución que administra recursos de esta magnitud tener trabajadores denunciando que en determinadas unidades faltan medicamentos, materiales de curación o incluso artículos básicos?
La respuesta es mucho más compleja que decir simplemente que “no hay presupuesto”.
El problema puede estar en compras.
Distribución.
Inventarios.
Planeación.
Contratos.
Proveedores.
Logística.
Ejecución presupuestaria.
Administración local.
Y tiempos burocráticos.
El propio informe financiero del IMSS proporciona una pista.
Durante el primer trimestre de 2026, el gasto en materiales y suministros fue aproximadamente 2 mil 437 millones de pesos inferior a lo programado, una diferencia de 9.6%. El Instituto explicó que una parte importante del presupuesto pendiente correspondía precisamente a medicamentos de alta especialidad y oxígeno domiciliario.
También hubo retrasos importantes en inversión física y equipamiento.
Eso no significa automáticamente que exista corrupción.
Pero sí demuestra algo fundamental:
tener dinero autorizado no significa haber convertido ese dinero en una medicina dentro de una farmacia o en un equipo funcionando dentro de un hospital.
Entre el presupuesto y el paciente existe una gigantesca maquinaria administrativa.
Y cuando esa maquinaria falla, el paciente no recibe una explicación presupuestaria.
Recibe un “no hay”.
El 94% de abasto y el problema del otro porcentaje
El IMSS sostiene que actualmente mantiene alrededor de 94% de abasto promedio de recetas.
También asegura que atiende aproximadamente a 769 mil personas diariamente en sus procesos de surtimiento.
Otra vez aparece el problema de cómo interpretamos una cifra.
Un nivel de 94% puede parecer alto en una presentación ejecutiva.
Pero la salud pública no funciona como una encuesta electoral.
La receta que no se surte puede contener precisamente el medicamento que un paciente necesita para continuar su tratamiento.
No todas las medicinas tienen el mismo peso clínico.
No todas pueden sustituirse.
No todas pueden esperar.
Y no todos los pacientes tienen capacidad económica para acudir a una farmacia privada cuando el Estado falla.
Por eso el porcentaje global, aunque relevante, nunca debería convertirse en excusa para desestimar los casos particulares.
La propia respuesta del IMSS demuestra que reconoce el problema.
El Instituto habilitó la plataforma Receta Completa y una línea telefónica para reportar prescripciones que no fueron surtidas.
Y después de las protestas anunció una estrategia de “escucha activa” en 277 hospitales, donde directivos deberán revisar ocho asuntos prioritarios.
Entre ellos aparecen precisamente:
abasto de insumos.
Material de curación.
Surtimiento de recetas.
Cobertura de personal.
Mantenimiento de equipo médico.
Mobiliario.
Conservación de instalaciones.
Y condiciones laborales.
La pregunta es inevitable:
si esos ocho puntos requieren ahora una estrategia especial de revisión nacional, entonces las protestas difícilmente pueden reducirse a una simple disputa salarial.
El problema de escuchar cuando la gente ya está marchando
La iniciativa de escuchar a trabajadores es correcta.
El problema es el momento.
Una institución de la magnitud del IMSS debería contar permanentemente con mecanismos capaces de detectar estas carencias antes de que médicos y enfermeras necesiten bloquear avenidas para llamar la atención.
El diagnóstico administrativo no debería comenzar cuando aparece una pancarta.
Debería anticiparla.
¿Por qué fue necesario llegar a protestas nacionales para que 277 hospitales fueran sometidos a este ejercicio de escucha?
¿Los reportes internos no existían?
¿No llegaban a las direcciones?
¿Llegaban y no se atendían?
¿Los sindicatos no funcionaron como conducto?
¿Las administraciones locales no reportaron correctamente?
Todas son preguntas legítimas.
Porque el verdadero problema de una gran burocracia no siempre consiste en desconocer los problemas.
A veces consiste en conocerlos y no poder resolverlos.
Y entonces aparece la palabra corrupción
En cualquier conversación sobre una institución que administra más de un billón de pesos inevitablemente aparece otra palabra:
corrupción.
Aquí debemos ser particularmente cuidadosos.
En redes sociales y discursos políticos es sencillo hablar de “desfalcos millonarios” al IMSS.
Periodísticamente no debería hacerse sin evidencia.
Sí existen irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
En la revisión de adquisiciones de medicamentos de la Cuenta Pública 2024, por ejemplo, la ASF detectó en una muestra pagos por medicamentos no recibidos y problemas relacionados con penalizaciones a proveedores.
Eso debe investigarse y corregirse.
Pero una observación de auditoría no equivale automáticamente a demostrar un gran esquema criminal.
Irregularidad no es sinónimo automático de desfalco, y señalamiento no es sentencia.
La precisión importa.
También es cierto que el propio IMSS reconoce la enorme exposición que tiene por la cantidad de contratos que maneja.
Zoé Robledo informó este año que desde 2019 la institución había recibido 103 auditorías de la ASF, siete auditorías externas, 22 revisiones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y más de mil auditorías del Órgano Interno de Control.
Que una institución sea muy auditada no demuestra que esté libre de corrupción.
Tampoco demuestra que sea corrupta.
Demuestra que administra recursos y contratos cuya vigilancia debe ser extraordinaria.
Y debería serlo todavía más.
No confundamos IMSS con IMSS-Bienestar
Existe además una confusión pública que debe evitarse.
El IMSS y el IMSS-Bienestar no son exactamente la misma institución ni atienden a la misma población bajo el mismo esquema financiero.
Numerosas irregularidades que aparecen en auditorías relacionadas con transferencias federales de salud corresponden a IMSS-Bienestar o a gobiernos estatales participantes en ese sistema.
No deberían colocarse automáticamente en la cuenta del Seguro Social tradicional.
La crítica al sistema público de salud gana fuerza cuando diferencia responsabilidades.
Meter todo dentro de la misma bolsa puede producir un encabezado más espectacular, pero produce peor periodismo.
El problema económico detrás de la bata blanca
El IMSS no enfrenta solamente un conflicto laboral.
Enfrenta un problema de largo plazo relacionado con la estructura económica de México.
El Seguro Social depende fundamentalmente de un mercado laboral formal suficientemente grande para sostener una red cada vez más cara.
Y aunque México ha alcanzado máximos históricos de empleos registrados, una parte enorme de la población económicamente activa continúa trabajando en la informalidad.
Quienes no cotizan no alimentan de la misma manera el sistema contributivo.
Mientras tanto, aumenta el número de pensionados.
Aumenta la esperanza de vida.
Aumenta el costo de los tratamientos.
Aumentan las enfermedades crónico-degenerativas.
Y aumenta la necesidad de infraestructura.
Ese desequilibrio será uno de los mayores desafíos fiscales de México durante las próximas décadas.
No se resolverá con una marcha.
Pero tampoco desaparecerá ignorando a quienes marchan.
Salud pública no debería administrarse desde la propaganda
Existe un problema adicional en la comunicación gubernamental.
Cuando las autoridades presentan únicamente hospitales inaugurados, consultas realizadas, recetas surtidas y nuevas contrataciones, proyectan una parte verdadera de la realidad.
Cuando los trabajadores presentan únicamente hospitales deteriorados, medicamentos faltantes y sobrecarga laboral, presentan otra parte.
Ambas pueden coexistir.
México puede haber construido hospitales nuevos y tener hospitales viejos deteriorados.
Puede haber contratado miles de médicos y seguir necesitando médicos.
Puede surtir cientos de millones de medicamentos y continuar teniendo desabasto de determinados productos.
Puede realizar miles de cirugías y mantener largas listas de espera.
Las políticas públicas no deberían medirse preguntando si todo está bien o todo está mal.
Deberían medirse preguntando dónde funciona, dónde falla y por qué.
Cuando el paciente termina pagando la ineficiencia
Al final de toda esta discusión existe alguien que no aparece suficientemente en la confrontación entre gobierno, sindicato y trabajadores.
El derechohabiente.
El paciente.
Él no negocia porcentajes salariales.
No revisa el presupuesto.
No participa en licitaciones.
No administra almacenes.
No decide contratos.
Simplemente llega enfermo.
Y espera que el sistema funcione.
Para esa persona, una falla logística puede significar comprar un medicamento con dinero propio.
Una vacante sin cubrir puede convertirse en meses esperando una consulta.
Un aparato descompuesto puede retrasar un diagnóstico.
Una cirugía postergada puede cambiar completamente la evolución de una enfermedad.
Por eso la discusión sobre el IMSS no puede tratarse únicamente como un conflicto sindical.
Estamos hablando de seguridad social.
Y la seguridad social forma parte del contrato básico entre ciudadanos, trabajadores, empresas y Estado.
El IMSS no necesita ser destruido ni idealizado
Existe una tentación política permanente alrededor del Seguro Social.
Para unos, cualquier problema demuestra que la institución es un desastre.
Para otros, cualquier crítica constituye un ataque contra el sistema público de salud.
Ambas posiciones son cómodas.
Y ambas son equivocadas.
México necesita al IMSS.
Es imposible imaginar el sistema laboral, sanitario y de protección social del país sin él.
Precisamente por eso debe ser sometido al máximo nivel de exigencia.
Defenderlo no significa ocultar sus deficiencias.
Significa corregirlas.
Reconocer que existen profesionales extraordinarios trabajando con recursos insuficientes en determinadas unidades.
Que existen hospitales de primer nivel y otros profundamente deteriorados.
Que existen avances tecnológicos y procesos burocráticos anacrónicos.
Que existen compras eficientes y adquisiciones que terminan observadas por los auditores.
Que existe presupuesto y también problemas para transformarlo oportunamente en servicios.
Cuando los que curan empiezan a gritar
El Gobierno federal todavía tiene margen para impedir que esta inconformidad se convierta en una crisis mayor.
La consulta salarial del 14 de octubre puede ayudar a destrabar una parte del conflicto.
La estrategia en 277 hospitales puede identificar problemas concretos.
Las obras en construcción pueden ampliar capacidad.
La contratación de personal puede reducir presiones.
Pero nada funcionará si el objetivo es únicamente sacar las protestas de las calles.
El éxito no consiste en que dejen de marchar los médicos.
Consiste en que desaparezcan las razones que los obligaron a marchar.
Ese debería ser el indicador.
Porque cuando quienes tienen la responsabilidad de cuidar nuestra salud dejan por unas horas los hospitales para salir a exigir vendas, medicamentos, personal, mantenimiento y mejores condiciones, el mensaje trasciende cualquier disputa laboral.
No están hablando únicamente de sus salarios.
Están hablando del lugar donde algún día cualquiera de nosotros podría terminar acostado esperando atención.
Y entonces el problema deja de ser suyo.
Se convierte en nuestro.
