La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló el 21 de septiembre una convocatoria para aspirar a diputaciones federales independientes de mayoría relativa. El proyecto fija el 13 de diciembre de 2026 como límite para manifestar la intención y el 12 de febrero de 2027 para reunir respaldos; todavía debe pasar al Consejo General.
Cuatro etapas antes de obtener una candidatura
La propuesta distingue convocatoria, actos previos al registro, obtención de apoyo ciudadano y registro de candidaturas. Presentar una manifestación de intención permite iniciar el procedimiento correspondiente, pero no equivale a contar con un lugar asegurado en la boleta. Es una ruta distinta de los partidos.
El tope previsto para los gastos destinados a recabar respaldo es de 220 mil 326.20 pesos. También se aprobaron lineamientos de verificación, cantidades de apoyo por distrito y un formato para identificar a las personas auxiliares que participen en su captación.
La legislación electoral establece un respaldo mínimo equivalente a 2% de la lista nominal del distrito para las diputaciones independientes. Los apoyos deben cumplir los requisitos de distribución territorial previstos en la ley; reunir una cantidad de firmas sin validación no garantiza el registro.
Excepción para municipios de alta marginación
El proyecto contempla que en 204 municipios con muy alto grado de marginación se puedan utilizar cédulas impresas para reunir apoyos. Esa alternativa forma parte del régimen de excepción y no se presenta como una autorización general para todos los territorios.
Quienes obtengan el registro deberán incorporar su información al sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles. La convocatoria distingue, por tanto, las obligaciones de quienes buscan reunir respaldos y las de las personas que posteriormente consigan una candidatura.
El INE también dará seguimiento al calendario electoral
En una decisión separada, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó una metodología para revisar los avances del proceso 2026-2027. El mecanismo toma como referencia el Plan Integral y Calendario avalado por el Consejo General el 30 de julio.
Las áreas responsables reportarán semanalmente sus actividades mediante una herramienta informática y tableros de control. Además de medir avances, deberán advertir riesgos incluso cuando las tareas marchen en tiempo; los problemas detectados tendrán que comunicarse sin esperar al siguiente corte.
La evaluación clasificará riesgos presupuestarios, legales, operativos, tecnológicos y de integridad. Se prevén informes mensuales de octubre de 2026 a julio de 2027, así como una revisión final sobre incumplimientos, ajustes autorizados y resultados de las medidas adoptadas.
Para quienes busquen contender, la referencia decisiva será la convocatoria que apruebe el Consejo General y sus términos publicados. El Consejo General debe resolver sobre la convocatoria.
