La Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el 21 de septiembre atraer un juicio relacionado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El tribunal examinará las obligaciones del Estado en la búsqueda e investigación del caso y el alcance de las medidas que un juez puede ordenar ante la falta de actuación de las autoridades.
El amparo plantea pendientes de justicia
El asunto corresponde al amparo en revisión 185/2024, promovido por Tita Radilla, hija del activista. La solicitud de atracción fue impulsada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y obtuvo respaldo mayoritario del pleno; la ministra María Estela Ríos votó en contra.
En 2024, la jueza Karla Macías ordenó avanzar en las investigaciones y realizar acciones de búsqueda y memoria. La decisión fue impugnada por varias autoridades y, según La Jornada, permanecieron los recursos de dos ministerios públicos después de que otros seis quedaron sin efecto.
La atracción significa que la Corte estudiará el expediente directamente. El asunto debe pasar a una ponencia para elaborar el proyecto de sentencia y después someterlo a votación; la determinación del lunes todavía no resuelve las omisiones reclamadas.
Una desaparición ocurrida hace 52 años
Rosendo Radilla fue detenido por militares el 25 de agosto de 1974, cuando viajaba en autobús con su hijo en Guerrero. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documenta que fue llevado al cuartel de Atoyac de Álvarez, donde se perdió su rastro.
Radilla había sido presidente municipal de Atoyac entre 1955 y 1956. Además de su actividad campesina, impulsó proyectos de salud y educación y escribió corridos sobre las condiciones sociales de la región. Su familia inició la búsqueda desde su detención.
Los familiares y organizaciones acudieron al sistema interamericano en 2001. La Corte Interamericana dictó sentencia contra México el 23 de noviembre de 2009 por violaciones relacionadas con su desaparición, incluida la afectación a sus derechos a la vida, libertad e integridad.
Qué criterio podría establecer el tribunal
Giovanni Figueroa Mejía señaló que el nuevo análisis permitirá examinar la relación entre la autonomía del Ministerio Público y la obligación de garantizar verdad, justicia y un recurso efectivo. El debate aborda la respuesta judicial ante investigaciones o búsquedas estancadas.
El caso ya tuvo consecuencias jurídicas en México. En 2011, la Suprema Corte examinó el cumplimiento del fallo interamericano y estableció criterios sobre su obligatoriedad, el control de convencionalidad y los límites del fuero militar cuando existen violaciones a derechos humanos de civiles.
La revisión retoma además las obligaciones de búsqueda e investigación. Aunque existen reparaciones cumplidas, los reportes consultados señalan que el paradero de Radilla continúa sin esclarecerse y que siguen pendientes aspectos sustantivos de justicia para su familia.
