La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República iniciaron el 27 de julio una jornada nacional de capacitación dirigida a servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia. El programa se enfocará en ciencias penales, política criminal y consulta de criterios judiciales.
La iniciativa deriva del convenio firmado el 9 de julio por ambas instituciones. En el acuerdo también participan el Órgano de Administración Judicial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el propósito de desarrollar actividades de formación y proyectos conjuntos, respetando la autonomía constitucional de cada organismo.
Capacitación llegará a las 32 fiscalías federales
La primera etapa contempla al personal ministerial de las 32 fiscalías federales del país. El taller busca fortalecer el uso del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación, plataforma que reúne jurisprudencias, tesis aisladas y sentencias relevantes para el trabajo jurídico.
La jornada inaugural reunió a 300 servidores públicos de la Zona Centro-Valle, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.
Buscan mejorar las carpetas de investigación
Durante el Taller Práctico del Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación se proporcionarán herramientas para localizar criterios jurisdiccionales de manera ágil, directa y oportuna.
Estos conocimientos podrán apoyar la integración de carpetas de investigación y la judicialización de los asuntos a cargo del Ministerio Público Federal. La Corte explicó que los contenidos consideran “la incidencia delictiva de cada entidad participante” y la importancia de la jurisprudencia para las funciones ministeriales.
Talleres continuarán hasta noviembre
El calendario seguirá el 6 de agosto con la Zona Noreste; el 3 de septiembre con la Noroeste; el 1 de octubre con Occidente, y concluirá el 5 de noviembre con la región Sur-Sureste.
También participará personal de fiscalías especializadas en amparo, extinción de dominio, supervisión de procesos y litigación de casos complejos. La estrategia pretende facilitar el acceso a precedentes judiciales y fortalecer la actuación institucional dentro del sistema penal mexicano.
