Una investigación de SinEmbargo señala que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aparece en su declaración patrimonial como accionista mayoritaria de Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, S.A. de C.V., empresa que habría recibido contratos públicos durante su administración.
De acuerdo con el medio, Campos Galván declaró tener 98% de participación en dicha compañía, aunque también reportó que no recibe remuneración por esa sociedad.
Contratos públicos bajo revisión
La investigación indica que la empresa habría firmado contratos de arrendamiento con instituciones públicas de Chihuahua.
Uno de ellos corresponde al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chihuahua, por el uso de inmuebles propiedad de la compañía. Otro contrato, según la información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue firmado con un fideicomiso estatal dependiente de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
Estos señalamientos abren un debate sobre la posible existencia de un conflicto de interés, debido a que una empresa declarada por la propia gobernadora como parte de su patrimonio habría recibido recursos públicos.
La compañía también aparece ligada a la llamada Mansión Dorada
El reportaje también vincula a Administradora Inmobiliaria de Chihuahua con la llamada “Mansión Dorada”, residencia de lujo que, según investigaciones previas del mismo medio, fue heredada por Campos Galván tras la muerte de su esposo, el empresario Víctor Manuel Cruz Russek.
En documentos registrales citados por la investigación, la empresa aparece relacionada con uno de los lotes que conforman la propiedad, ubicada en el fraccionamiento Bosques de San Francisco, en Chihuahua.
Empresa creada durante el actual gobierno
Según los datos expuestos, Administradora Inmobiliaria de Chihuahua fue constituida en septiembre de 2022, poco más de un año después de que Maru Campos asumiera la gubernatura.
Sin embargo, el reportaje apunta que en el Registro Público de Comercio no aparece la mandataria como accionista, pese a que en su declaración patrimonial afirma tener participación mayoritaria.
Caso podría elevar presión política
La investigación coloca nuevamente bajo escrutinio el patrimonio de la gobernadora y la relación entre empresas privadas, bienes inmuebles y contratos públicos.
Hasta ahora, el tema suma presión política en Chihuahua, especialmente por los señalamientos sobre transparencia, rendición de cuentas y posibles beneficios económicos relacionados con una empresa en la que la mandataria reporta participación accionaria.
