El Senado de la República destina al menos 8.3 millones de pesos brutos al año al pago de sueldos de familiares de legisladores y figuras políticas, de acuerdo con una revisión de nóminas públicas realizada por Excélsior.
La investigación detectó a 15 personas con vínculos familiares con senadoras, senadores, un diputado federal y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quienes ocupan cargos principalmente como asesores legislativos o administrativos.
Nómina mensual supera los 697 mil pesos
De acuerdo con el reporte, estos 15 familiares representan una nómina mensual bruta de 697 mil 530 pesos.
Después de impuestos, el monto queda en 531 mil 664 pesos mensuales, lo que equivale a 6 millones 379 mil 968 pesos netos al año.
El caso abre nuevamente el debate sobre nepotismo, transparencia y criterios de contratación dentro de los órganos legislativos.
Sueldos de hasta 100 mil pesos mensuales
Entre los salarios más altos señalados está el de Manuel Añorve Aguayo, hijo del coordinador priista Manuel Añorve Baños, quien percibe 100 mil pesos brutos mensuales como asesor legislativo de la senadora Karla Toledo.
También destaca Emiliano González González, hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, quien gana 80 mil pesos brutos al mes como asesor en servicios administrativos.
Otro caso referido es el de Alberto Nahle Sánchez, sobrino de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien aparece como asesor legislativo con un sueldo bruto mensual de 35 mil pesos.
Familiares de distintos partidos
El reporte no se limita a una sola fuerza política. La lista incluye familiares de legisladores de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y otras figuras vinculadas al Senado.
Entre los nombres mencionados aparecen hijos, hermanos, sobrinos y nietos de legisladores, lo que muestra una práctica extendida en distintos grupos parlamentarios.
La mayoría de los cargos identificados están relacionados con asesorías legislativas, apoyo parlamentario, servicios administrativos o puestos especializados.
Debate sobre nepotismo legislativo
La revelación ocurre en un contexto político en el que el nepotismo ha sido señalado como una práctica que debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Aunque la contratación de familiares no siempre implica una ilegalidad automática, sí genera cuestionamientos sobre mérito, transparencia y uso de recursos públicos.
El caso pone presión sobre el Senado para revisar sus reglas internas de contratación y explicar con claridad los perfiles, funciones y resultados de quienes ocupan plazas pagadas con presupuesto público.
