Un tribunal federal en México determinó que Meta puede ser considerada una “autoridad equiparada” para efectos del juicio de amparo cuando sus decisiones puedan afectar derechos humanos. El criterio surgió a partir del caso de un abogado cuya cuenta de Facebook fue inhabilitada y podría permitir que otros usuarios recurran a tribunales mexicanos por decisiones de plataformas digitales relacionadas con derechos como la libertad de expresión.
La resolución no significa que Meta haya sido declarada responsable de violar derechos humanos en este caso. Lo que hizo el tribunal fue establecer que la empresa puede ser sometida a un juicio de amparo bajo determinadas circunstancias. Ahora corresponderá al juzgado que lleva el asunto analizar si la cancelación de la cuenta efectivamente vulneró los derechos del demandante.
El caso comenzó con el cierre de una cuenta de Facebook
El litigio fue promovido por Felipe López Maya, abogado especializado en redes sociales, después de que su cuenta de Facebook fuera inhabilitada el 1 de julio. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, Meta no le habría indicado una causa específica, una publicación determinada o una norma que justificara la suspensión.
López Maya presentó una demanda de amparo argumentando que la decisión afectaba, entre otros derechos, su libertad de expresión.
Inicialmente, un juzgado federal del Estado de México desechó la demanda al considerar que Meta no podía ser considerada una autoridad susceptible de ser impugnada mediante un juicio de amparo.
El abogado recurrió esa decisión y el asunto llegó a un tribunal colegiado. Ahí ocurrió el cambio relevante para este tipo de casos.
¿Por qué Meta puede ser considerada una autoridad?
El tribunal colegiado analizó un proyecto elaborado por el magistrado Isidro Muñoz Acevedo, que fue aprobado por unanimidad el 18 de septiembre.
Los magistrados consideraron que las redes sociales funcionan como espacios relevantes para el ejercicio de la libertad de expresión y el intercambio de ideas sobre asuntos de interés público. Bajo esa interpretación, las decisiones unilaterales de una plataforma pueden tener consecuencias sobre derechos humanos en determinadas circunstancias.
Por ello, el tribunal determinó que Meta puede adquirir la naturaleza de autoridad equiparada para efectos del juicio de amparo cuando ejerce facultades de relevancia pública que inciden en los derechos de una persona.
La resolución no convierte a las empresas tecnológicas en autoridades gubernamentales en términos generales. El criterio se refiere a la posibilidad de que, en casos concretos, sus actuaciones puedan ser revisadas mediante un mecanismo constitucional destinado a proteger derechos.
La resolución todavía no determina si Meta violó derechos
Este punto es importante para entender el alcance de la decisión.
El tribunal no concluyó que Meta haya violado la libertad de expresión de López Maya. Su resolución permite que el juicio avance y que un juez analice el fondo de la controversia.
El juzgado deberá estudiar las circunstancias de la suspensión de la cuenta y determinar si la actuación de la plataforma afectó los derechos señalados por el demandante.
Por lo tanto, el caso todavía tendrá que pasar por una etapa adicional antes de que exista una resolución sobre la responsabilidad de la empresa.
No es el único conflicto de Meta en tribunales mexicanos
El caso forma parte de una serie de litigios que han llevado a las plataformas digitales a los tribunales mexicanos por asuntos relacionados con libertad de expresión, uso de imágenes y protección de menores.
Otro proceso involucra a una familia que buscó un amparo después de que una fotografía de una adolescente de 14 años fuera difundida en Facebook e Instagram sin autorización, en un contexto relacionado con la comercialización de imágenes de carácter sexual.
En ese expediente, un tribunal colegiado del Estado de México ordenó reabrir el juicio e involucrar directamente a Facebook e Instagram. Los magistrados consideraron que la libertad de expresión tiene límites cuando puede afectar derechos como la dignidad, el honor y la imagen de una persona, particularmente cuando se trata de una menor.
El caso también puso sobre la mesa el debate sobre la gobernanza de internet y la responsabilidad de las plataformas cuando sus reglas internas o decisiones afectan a usuarios pertenecientes a grupos vulnerables.
Otro amparo analiza el cierre de cuentas de un activista
Un tercer expediente se encuentra en un juzgado de la Ciudad de México y está relacionado con el activista Miguel Alfonso Meza, cuyas cuentas de Facebook, Instagram y otras plataformas vinculadas fueron inhabilitadas.
El 4 de septiembre, el juez Francisco Rebolledo admitió su demanda de amparo y concedió una suspensión provisional que establecía un plazo de 24 horas para reactivar las cuentas. Esa medida, de acuerdo con la información disponible, todavía podía ser confirmada o revocada.
El caso plantea nuevamente la discusión sobre hasta dónde pueden llegar las plataformas privadas al aplicar sus reglas de contenido cuando una persona considera que la suspensión afecta directamente su libertad de expresión.
Google también enfrenta un litigio relevante
La discusión jurídica no se limita a Meta. Google también enfrenta un proceso relacionado con posibles responsabilidades por contenidos publicados en internet.
Uno de los casos más relevantes llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y está relacionado con una sentencia que condenó a Google a pagar casi 5 mil millones de pesos por daño moral al abogado Ulrich Richter.
El asunto llegó al máximo tribunal en 2023 y permanece pendiente de resolución. La controversia se relaciona con la permanencia de un blog que, según la sentencia previa, contenía información que afectaba al litigante.
La resolución que adopte la Corte podría aportar otro elemento al debate sobre las responsabilidades de las grandes plataformas tecnológicas frente a contenidos publicados por terceros.
México comienza a definir el papel de las plataformas ante los derechos humanos
El precedente sobre Meta abre una discusión jurídica que va más allá de una cuenta de Facebook.
Las plataformas digitales administran espacios donde millones de personas se comunican, publican información y participan en conversaciones de interés público. Al mismo tiempo, son empresas privadas que establecen condiciones de uso y mecanismos para suspender cuentas o retirar contenidos.
Los casos que actualmente se encuentran en tribunales obligan a determinar cómo deben equilibrarse esas dos dimensiones y cuándo una decisión empresarial puede tener consecuencias suficientes sobre los derechos de una persona para justificar la intervención judicial.
Por ahora, el criterio del tribunal colegiado permite que el caso de López Maya avance. Será la resolución posterior del juzgado la que determine si la suspensión de su cuenta constituyó o no una vulneración de sus derechos.
La importancia del precedente está, por tanto, en que establece una vía para que determinadas decisiones de las plataformas puedan ser examinadas mediante el juicio de amparo, mientras los tribunales mexicanos continúan definiendo los límites de esa responsabilidad.
