La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la entrega voluntaria de exfuncionarios de Sinaloa a autoridades estadounidenses represente un riesgo político para Morena o comprometa a su administración. La mandataria sostuvo que las investigaciones deben seguir su curso institucional y reiteró que no existe protección para personas que hayan cometido delitos, independientemente de su afiliación política.
Las declaraciones ocurren en medio del caso que involucra a excolaboradores cercanos al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Dos exfuncionarios de Sinaloa ya están bajo jurisdicción estadounidense
El debate tomó fuerza después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se entregaran a autoridades estadounidenses para enfrentar acusaciones vinculadas con presuntas operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones estadounidenses también mencionan a otros exfuncionarios y actores políticos sinaloenses, situación que elevó la presión sobre el escenario político nacional y abrió cuestionamientos sobre posibles efectos para Morena rumbo a los procesos electorales de 2027.
Sin embargo, Sheinbaum insistió en que los señalamientos individuales no deben trasladarse automáticamente al movimiento político.
Gobierno mantiene cooperación con EU, pero defiende soberanía
La presidenta reiteró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque dejó claro que cualquier procedimiento debe desarrollarse respetando la soberanía nacional. También criticó posibles intervenciones que excedan los mecanismos institucionales establecidos.
“Aquí no mandan intereses extranjeros”, afirmó previamente durante actos públicos relacionados con el debate sobre seguridad y cooperación bilateral.
El gobierno federal mantiene además una investigación propia a través de instituciones mexicanas y solicitó información complementaria para revisar expedientes relacionados con las acusaciones presentadas desde Estados Unidos.
UIF y banca mexicana aplican medidas preventivas
Dentro de las acciones adoptadas, autoridades financieras mexicanas confirmaron el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con Rocha Moya y otras personas señaladas, medida impulsada para evitar riesgos financieros y cumplir protocolos regulatorios. La decisión fue coordinada mediante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las autoridades aclararon que estas medidas no representan una sentencia ni una determinación definitiva de culpabilidad, sino mecanismos precautorios mientras continúan las investigaciones.
Morena intenta contener impacto rumbo a 2027
El caso provocó movimientos internos dentro de Morena. Diversos reportes indican que el partido comenzó a tomar distancia pública del conflicto y optó por centrar el discurso en la defensa institucional y la soberanía nacional, evitando convertir el tema en una confrontación directa con Estados Unidos.
Analistas consideran que la evolución del expediente podría influir en el escenario político de Sinaloa y en la definición de candidaturas para 2027, especialmente si aparecen nuevos testimonios o colaboraciones judiciales.
Caso Sinaloa mantiene atención política y diplomática
La investigación continúa abierta y tanto autoridades mexicanas como estadounidenses mantienen seguimiento al proceso.
Mientras avanzan las indagatorias, Sheinbaum insiste en separar las responsabilidades individuales del proyecto político de Morena y sostiene que el combate al crimen organizado debe mantenerse sin excepciones.
