Los cuatro órganos del Poder Judicial de la Federación entregaron al Ejecutivo una propuesta para modificar su organización y ampliar la autonomía administrativa y presupuestaria. El proyecto, presentado el 6 de octubre por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, contempla cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Amparo.
Una propuesta conjunta que debe pasar por el Congreso
El documento fue recibido por Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo federal. Participaron representantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, conocido como OAJ.
Aguilar explicó que las modificaciones buscan precisar responsabilidades y mejorar la coordinación entre instancias. Alcalde señaló que la propuesta será incorporada a un paquete de cambios legislativos que impulsará la Presidencia. La entrega no establece reglas vigentes.
Presupuestos propios y coordinación institucional
Una de las propuestas consiste en reconocer a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral y al Tribunal de Disciplina como unidades ejecutoras de sus presupuestos. Cada institución tomaría decisiones administrativas según sus necesidades.
El OAJ conservaría funciones de administración y coordinación general. También atendería cuestiones de juzgados y tribunales federales, como adscripciones, vacantes, licencias e impedimentos. El proyecto busca delimitar las atribuciones de cada instancia dentro de la estructura judicial.
Se plantea crear un Pleno de Órganos Superiores, integrado por las personas titulares de las cuatro instituciones. Este espacio serviría para coordinar sus trabajos y atender asuntos comunes, mientras cada órgano mantiene las competencias que le correspondan.
Secciones con facultades limitadas y ajustes a tribunales
La Suprema Corte propone organizar parte de su trabajo en dos secciones de cuatro integrantes cada una. Resolverían asuntos recurrentes sobre los cuales el Pleno ya hubiera fijado criterios. No podrían crear jurisprudencia ni modificar las definiciones adoptadas por el máximo tribunal.
Aguilar rechazó que el esquema implique restablecer las antiguas salas con sus mismas facultades. Como referencia de la carga de trabajo, mencionó alrededor de 300 asuntos recurrentes anuales y unos 250 de ejecución que no requerirían un nuevo análisis de fondo.
Para el Tribunal de Disciplina Judicial se contempla una unidad especializada de investigación. En el Tribunal Electoral se busca precisar la competencia de la Sala Superior sobre asuntos laborales de su personal. También se proponen reglas para dar continuidad al funcionamiento de órganos jurisdiccionales ante ausencias o vacantes.
El proyecto incorpora un mecanismo de selección de candidaturas judiciales con criterios de paridad e inclusión. Sus alcances dependerán del texto enviado al Congreso y de las modificaciones que aprueben los legisladores.
