El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió a Naciones Unidas evaluar medidas urgentes para respaldar al gobierno de México en la atención de la crisis de desapariciones forzadas, un fenómeno que, por su magnitud y características, podría ser considerado un crimen de lesa humanidad.
El presidente del comité, Juan Albán-Alencastro, explicó que el derecho internacional no exige que estos delitos sean ordenados desde el más alto nivel del poder ni que ocurran de manera uniforme en todo el territorio. Lo que se analiza, subrayó, es la escala, los patrones sistemáticos y el hecho de que estén dirigidos contra población civil.
ONU alerta: desapariciones en México podrían ser crimen de lesa humanidad
En su posicionamiento, el organismo destacó la gravedad del problema al señalar el hallazgo constante de fosas clandestinas en el país. De acuerdo con sus datos, se han localizado más de 6,200 cuerpos y alrededor de 76,000 restos humanos, muchos de ellos sin identificar, lo que evidencia la dimensión de la crisis forense y humanitaria.
A pesar de las acciones emprendidas desde la visita del comité en 2021, los expertos advirtieron que no se han registrado avances significativos. Señalaron que las instituciones continúan rebasadas por la magnitud del fenómeno, lo que hace necesario impulsar cambios estructurales en las estrategias de búsqueda, investigación y atención a víctimas.
El comité también apuntó que una parte importante de las desapariciones está vinculada al contexto de la llamada guerra contra las drogas, aunque aclaró que no existen pruebas concluyentes de una política federal orientada a cometer estos delitos. Sin embargo, sí persiste la preocupación de que muchos casos estén relacionados con la actuación de grupos delictivos.
Además, los especialistas alertaron que en ciertas investigaciones se ha detectado la posible participación de funcionarios públicos, ya sea de forma directa o mediante omisiones, apoyo o tolerancia, lo que complica el acceso a la justicia y agrava el problema.
La solicitud fue dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, con el objetivo de que sea turnada a la Asamblea General para su análisis. Entre las posibles acciones se contemplan mecanismos de cooperación técnica, financiamiento y asistencia especializada para fortalecer tareas como la búsqueda de personas, el análisis forense y la investigación de redes que podrían involucrar tanto a autoridades como al crimen organizado.
