Aunque México ha logrado avances en materia de regulación ambiental, aún enfrenta vacíos importantes en su marco legal, particularmente en lo relacionado con sustancias químicas y plaguicidas peligrosos. Así lo advirtió Marcos Orellana, experto de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante una visita oficial al país realizada del 9 al 20 de marzo, el relator evaluó la situación de los derechos humanos en relación con el manejo de sustancias tóxicas, residuos peligrosos y contaminación, incluidos los desechos plásticos. En este contexto, señaló la necesidad de crear una ley general de sustancias químicas, así como una legislación específica sobre plaguicidas altamente peligrosos.
El especialista subrayó que estos cambios deben ir acompañados de políticas públicas en distintos plazos y de una mejor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, especialmente entre los sectores de salud y medio ambiente. También enfatizó la importancia de garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes ya existentes.
Como parte de su recorrido, Orellana sostuvo reuniones con autoridades, representantes del sector privado, organizaciones civiles, académicos y comunidades afectadas. Además, recibió 42 aportaciones escritas sobre problemáticas en al menos 20 estados y visitó diversas entidades del país para conocer de primera mano la situación.
Indicó que sus conclusiones actuales son preliminares y que presentará un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el transcurso del año.
ONU insta a México a crear leyes sobre la gestión de sustancias químicas y plaguicidas peligrosos
El relator reconoció el papel de México como referente internacional en temas de sustancias tóxicas y derechos humanos, pero advirtió que persiste una brecha entre ese liderazgo global y los desafíos internos. Entre sus principales preocupaciones mencionó la proliferación de “zonas de sacrificio” asociadas al crecimiento industrial.
Aunque consideró positivo que el gobierno haya identificado estas áreas mediante las llamadas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, apuntó que este reconocimiento debe traducirse en acciones concretas, como políticas de justicia ambiental.
Asimismo, destacó que el país ha invertido recursos en estudios sobre el impacto de sustancias tóxicas en distintas regiones, por lo que consideró fundamental que estos datos científicos se utilicen para diseñar políticas públicas que garanticen los derechos de la población.
Finalmente, alertó sobre el aumento en la importación de residuos bajo esquemas como el coprocesamiento, práctica que implica su uso como combustible industrial. Según explicó, esto traslada los costos ambientales y de salud a la población, ya que lo que parece una alternativa económica termina siendo perjudicial para el bienestar de las personas.
El experto concluyó que la exposición a sustancias tóxicas sin información adecuada es un problema global que también afecta a México y que debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos.
