Una segunda movilización ciudadana por el acceso al agua limpia se realizó el 18 de octubre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, mientras el gobernador Pablo Lemus Navarro aseguró que su administración actuaría con responsabilidad y evitaría confrontaciones con los manifestantes.
La protesta ocurrió una semana después de los enfrentamientos registrados frente a Casa Jalisco, donde la intervención de las fuerzas de seguridad provocó detenciones, personas lesionadas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Manifestantes rechazan presencia de grupos encapuchados
La movilización comenzó alrededor de las 11:00 horas en el Parque Rojo, desde donde los participantes avanzaron hacia el Palacio de Gobierno para reiterar sus demandas relacionadas con la calidad del agua.
Durante el recorrido, los asistentes rechazaron la incorporación de personas encapuchadas que portaban palos y martillos. Los organizadores insistieron en mantener el carácter pacífico de la manifestación.
Jóvenes participantes conformaron brigadas de primeros auxilios y grupos de vigilancia con silbatos para advertir sobre posibles incidentes. Tanto el Palacio de Gobierno como el Congreso estatal fueron protegidos con vallas metálicas.
Protesta anterior dejó detenidos y personas lesionadas
El antecedente ocurrió el 11 de octubre, cuando aproximadamente 10 mil personas marcharon desde La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir mejoras en el suministro y la calidad del agua.
Durante aquella jornada se registraron 39 detenciones, 28 policías lesionados y 31 civiles atendidos, de acuerdo con las cifras divulgadas por el gobierno estatal.
Posteriormente, Lemus reconoció deficiencias graves en el operativo de seguridad y admitió que existieron casos de uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas.
El 15 de octubre confirmó que 17 policías estatales habían sido citados ante Asuntos Internos para revisar su actuación durante los hechos.
CNDH investiga denuncias por actuación policial
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso ante las denuncias de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.
La presidenta Claudia Sheinbaum también solicitó el 14 de octubre una investigación a fondo para determinar responsabilidades y esclarecer las denuncias de tortura.
El gobernador reiteró su llamado a que las movilizaciones transcurran sin violencia, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la actuación de las autoridades durante la primera protesta.
