La confrontación política por el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, subió de tono luego de que dirigentes de Morena respondieran al respaldo expresado por el PAN y acusaran al partido opositor de proteger a perfiles señalados en investigaciones relacionadas con seguridad y presuntas irregularidades. La declaración surgió tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) a la mandataria estatal dentro de las indagatorias derivadas del llamado “caso CIA” en Chihuahua.
La secretaria de Bienestar y figura de Morena, Ariadna Montiel, lanzó una de las expresiones más duras al referirse al cierre de filas del PAN en defensa de la gobernadora, afirmando: “delincuentes defendiendo delincuentes”. El comentario generó reacción inmediata y profundizó el choque entre oficialismo y oposición.
La disputa aparece en un contexto ya marcado por denuncias de juicio político, comparecencias ante la FGR y acusaciones cruzadas sobre uso político de las instituciones.
Morena responde al respaldo del PAN hacia Maru Campos
Las declaraciones ocurrieron después de que dirigentes nacionales del PAN expresaran apoyo total a Maru Campos y calificaran el citatorio de la FGR como un acto de persecución política.
El dirigente panista Jorge Romero sostuvo previamente que el gobierno federal estaría utilizando instituciones para presionar a gobiernos de oposición y anunció movilizaciones de respaldo hacia la mandataria estatal. También acusó que mientras se investiga a opositores, existen personajes cercanos al oficialismo señalados por presuntos vínculos criminales.
Morena respondió endureciendo el discurso y señalando que Acción Nacional estaría protegiendo perfiles bajo investigación.
La confrontación escaló rápidamente en redes sociales y medios nacionales, convirtiéndose en uno de los temas políticos más comentados del día.
El citatorio de la FGR mantiene presión sobre Chihuahua
Maru Campos fue llamada a comparecer ante la FGR como testigo dentro de las investigaciones relacionadas con el accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara, donde murieron agentes extranjeros y funcionarios mexicanos durante un operativo. La indagatoria busca esclarecer el alcance de la participación internacional y posibles responsabilidades administrativas o legales.
La gobernadora confirmó que acudirá a declarar y ha insistido en que colaborará con las autoridades.
Sin embargo, su defensa sostiene que existen inconsistencias jurídicas dentro del citatorio, argumentando que aunque la convocatoria aparece bajo calidad de testigo, contiene referencias utilizadas normalmente en procedimientos dirigidos a personas investigadas.
El caso se volvió uno de los expedientes con mayor carga política en el país por las implicaciones relacionadas con cooperación internacional y seguridad fronteriza.
PAN denuncia persecución política y anuncia movilización
Acción Nacional mantiene la narrativa de que existe una ofensiva política contra Maru Campos.
El partido aseguró que la investigación tiene motivaciones electorales y denunció una presunta utilización facciosa de la Fiscalía. Incluso dirigentes panistas anunciaron movilización nacional y campañas digitales bajo mensajes de apoyo a la gobernadora.
“Si se meten con Maru Campos se meten con todo el PAN”, expresó el dirigente nacional panista durante una de las posturas públicas más contundentes sobre el caso.
Por su parte, Morena sostiene que la investigación debe avanzar y rechaza que se trate de persecución política.
El conflicto crece rumbo a 2027
La crisis ya rebasa el ámbito judicial y comienza a impactar el escenario electoral.
Además del citatorio, Morena presentó recientemente una solicitud de juicio político contra Maru Campos argumentando posibles violaciones relacionadas con presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad.
El PAN respondió cerrando filas y acusando hostigamiento institucional.
Mientras tanto, la FGR mantiene abiertas las investigaciones y hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva ni imputaciones públicas contra la gobernadora derivadas de esta comparecencia.
El desarrollo del expediente podría influir directamente en la reconfiguración política de Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027.
