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Monreal rechaza propuesta del PAN para castigar hasta con 140 años de cárcel a “narcopolíticos”

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó respaldar la iniciativa del PAN que propone imponer penas de entre 80 y 140 años de prisión a servidores públicos vinculados con el crimen organizado.

El legislador sostuvo que aumentar las penas no necesariamente reduce la comisión de delitos y adelantó que Morena no acompañará la propuesta en los términos planteados por Acción Nacional.

PAN propone penas de hasta 140 años y delitos imprescriptibles

La iniciativa fue presentada por el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, y plantea sanciones de entre 80 y 140 años de cárcel para funcionarios relacionados con organizaciones criminales.

El proyecto también contempla multas de entre 12 mil y 24 mil días y que estos delitos sean considerados imprescriptibles, lo que permitiría perseguirlos aunque hayan transcurrido varios años desde su comisión.

Lixa defendió la propuesta argumentando que los servidores públicos vinculados con el narcotráfico deberían recibir sanciones que les impidan recuperar la libertad.

Monreal: aumentar las penas no garantiza menos delitos

Monreal explicó que no comparte una política penal basada exclusivamente en endurecer las condenas. Al referirse a la propuesta afirmó que no es “draconiano”, en alusión a Dracón, jurista de la antigua Grecia asociado con leyes particularmente severas.

El coordinador morenista sostuvo que desde la antigüedad se ha demostrado que sanciones más duras, incluida la pena de muerte o la mutilación, no necesariamente producen una disminución de los delitos.

Aunque reconoció que el PAN tiene derecho a presentar sus iniciativas y buscar los votos necesarios para aprobarlas, indicó que sería complicado negociar un acuerdo sobre la duración de las condenas propuestas.

PAN vincula iniciativa con combate a la narcopolítica

El PAN presentó la reforma en medio del debate político sobre posibles vínculos entre funcionarios y grupos del crimen organizado.

Lixa mencionó específicamente casos como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y cuestionó que las respuestas frente a determinados señalamientos se limiten a decisiones políticas como solicitudes de licencia o separación de grupos parlamentarios. Estas afirmaciones corresponden a posicionamientos del PAN y no equivalen por sí mismas a responsabilidades judicialmente acreditadas.

Por ahora, la iniciativa enfrenta el rechazo anticipado de Morena, fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados, lo que complica su aprobación en los términos originalmente planteados.

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