Los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias podrían provocar una ola de juicios de amparo por posibles afectaciones a la libertad de expresión, advirtió María Emilia Molina de la Puente, magistrada en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores.
La especialista considera que el proyecto contiene disposiciones ambiguas y amplios márgenes de discrecionalidad que podrían permitir a la autoridad intervenir en la definición de qué información se considera verdadera o incorrecta. A su juicio, esto podría entrar en conflicto con la Constitución y tratados internacionales en materia de libertad de expresión.
Magistrada anticipa numerosos juicios de amparo
Molina de la Puente señaló que probablemente se presentarán “muchos juicios de amparo”, principalmente ante juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Sin embargo, expresó dudas sobre las posibilidades de que estas impugnaciones prosperen, al cuestionar la independencia del Poder Judicial después de la reforma judicial. Estas apreciaciones corresponden a la opinión de la magistrada retirada.
La especialista también sostuvo que las empresas de radio y televisión podrían argumentar que determinadas obligaciones exceden las facultades establecidas en la legislación y afectan derechos constitucionales.
Advierte riesgo de autocensura en los medios
Otro de sus principales cuestionamientos se relaciona con las posibles sanciones. Molina afirmó que cuando una autoridad puede determinar que determinada información es incorrecta y aplicar consecuencias, existe el riesgo de generar un efecto inhibidor sobre periodistas y medios, que podrían evitar ciertos contenidos para no exponerse a multas.
El Gobierno federal ha rechazado que los lineamientos tengan como finalidad censurar periodistas. Claudia Sheinbaum ha señalado que las sanciones analizadas están relacionadas con obligaciones administrativas de los concesionarios y no con castigos individuales por el contenido periodístico.
Consulta pública termina el 21 de agosto
El proyecto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones permanece en consulta pública hasta el 21 de agosto de 2026. Entre sus objetivos están garantizar el derecho de réplica, diferenciar información noticiosa de opinión, distinguir publicidad de contenidos editoriales y establecer códigos de ética y defensores de las audiencias.
La discusión mantiene divididos a especialistas, medios y actores políticos: mientras sus defensores consideran necesaria una mayor protección para las audiencias, sus críticos advierten que la redacción final deberá evitar cualquier mecanismo susceptible de convertirse en control editorial.
