Un caso ocurrido en la Ciudad de México ha puesto en el centro del debate el acceso a la justicia para personas con discapacidad, luego de que un tribunal determinara que existieron actos de discriminación durante un proceso judicial.
El asunto involucra a una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino, señalada por no realizar ajustes razonables durante un juicio en el que participaba una persona con discapacidad.
Acusan falta de accesibilidad durante el juicio
De acuerdo con el caso, la persona afectada padece una condición neurológica que requería condiciones específicas para poder participar en las audiencias. Sin embargo, la jueza no implementó medidas de accesibilidad adecuadas.
Entre los hechos señalados, destaca que una de las audiencias se prolongó por más de seis horas sin considerar las limitaciones físicas y de salud del demandante, lo que agravó su condición .
“El proceso se volvió una barrera adicional para el acceso a la justicia”, se desprende del análisis del caso.
La víctima impugna y lleva el caso a instancias superiores
Ante esta situación, la persona presentó un recurso legal argumentando discriminación y falta de imparcialidad. Sin embargo, en una primera instancia, la queja fue desechada bajo el argumento de que los hechos podían corregirse al final del juicio.
La resolución sugería que no era necesario modificar las condiciones del proceso en curso, lo que obligó a la víctima a continuar el litigio bajo las mismas circunstancias .
Inconforme, el demandante promovió un amparo indirecto para que se revisaran las condiciones en las que se estaba desarrollando el juicio.
Tribunal reconoce violación a derechos fundamentales
El caso llegó a un tribunal colegiado, que finalmente falló a favor de la persona afectada. En su resolución, los magistrados señalaron que existió una falta de ajustes razonables y de accesibilidad.
El tribunal determinó que estas omisiones están directamente relacionadas con el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad .
Además, se subrayó que estos actos no pueden considerarse menores, ya que afectan de forma directa el acceso efectivo a la justicia.
Precedente en materia de derechos humanos
La resolución establece un precedente relevante, al reconocer que las condiciones del proceso judicial deben adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad.
Los magistrados indicaron que los juzgadores están obligados a considerar las condiciones particulares de las víctimas, evitando situaciones que puedan agravar su estado de salud o limitar su participación.
“El acceso a la justicia no debe convertirse en un obstáculo”, es una de las conclusiones que se desprenden del fallo.
Impacto en el sistema judicial
El caso abre una discusión más amplia sobre la necesidad de garantizar procesos judiciales incluyentes y accesibles en México.
También evidencia los retos que persisten en la implementación de estándares de derechos humanos dentro del sistema de justicia, particularmente en lo que respecta a grupos en situación de vulnerabilidad.
La resolución obliga a revisar nuevamente el caso y el actuar de la jueza, con el objetivo de garantizar que el proceso continúe sin afectar la salud ni los derechos de la persona involucrada.
