La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobó el 22 de septiembre recomendaciones para los programas de trabajo de PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena. La revisión se refiere al 3% del financiamiento público ordinario destinado a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
La revisión señala áreas de mejora
Carla Humphrey, titular de la comisión, explicó que el análisis permite evaluar objetivos, metas y actividades. Las recomendaciones piden diagnósticos más sólidos, congruencia entre acciones e indicadores, claridad sobre la población beneficiaria y delimitación territorial de los proyectos.
Se plantean mecanismos de seguimiento, medidas de accesibilidad y enfoques que consideren distintas condiciones sociales y culturales. El instituto propone capacitar al personal responsable de diseñar, ejecutar y evaluar los programas.
La información sobre recursos y resultados deberá difundirse mediante un espacio en el Portal de Fiscalización dentro de los 60 días naturales posteriores al acuerdo. Participarán las unidades técnicas de Igualdad de Género y de Fiscalización.
El financiamiento tiene un destino establecido por ley
El artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos establece que cada partido debe destinar anualmente 3% de su financiamiento público ordinario a estas actividades. La obligación tiene una finalidad concreta; no se puede destinar a cualquier gasto.
El artículo 73 permite financiar investigaciones sobre liderazgo político, publicaciones relacionadas con paridad y actividades como talleres, conferencias y mesas de trabajo. También contempla mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres.
La disposición incluye gastos de organización y difusión de esas acciones. La revisión debe relacionar los recursos con las actividades y su propósito, además de registrar los desembolsos.
Recomendaciones y sanciones son decisiones diferentes
El acuerdo difundido identifica oportunidades para mejorar la planeación. No presenta multas a los seis partidos ni determina que todos hayan cometido una irregularidad. Revisar programas y acreditar incumplimientos son procedimientos distintos.
Un diagnóstico define el problema que se busca atender; una meta señala el resultado esperado y un indicador permite observar avances. Su coherencia permite evaluar si la capacitación responde a las necesidades de las participantes.
Contar eventos permite conocer el volumen de actividades, pero no su efecto sobre el acceso de mujeres a decisiones. De ahí la importancia que el acuerdo atribuye al seguimiento y a la definición de beneficiarias.
La difusión prevista permitirá conocer información sobre la ejecución de los programas mediante materiales e indicadores. El acuerdo busca mejorar la planeación y transparentar resultados de recursos con un destino legal específico.
