Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno de México revisar el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían generar riesgos para la libertad de expresión y el funcionamiento independiente de los medios de comunicación.
La preocupación se centra en las facultades que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para revisar decisiones de los defensores de las audiencias y eventualmente imponer sanciones cuando determine que un medio difundió información considerada “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.
CRT podría revisar decisiones de defensores de las audiencias
Desde 2014, la legislación mexicana establece mecanismos de autorregulación para los concesionarios de radio y televisión, como códigos de ética y defensores de las audiencias ante quienes las personas pueden presentar inconformidades.
De acuerdo con HRW, el proyecto permitiría que una persona pueda impugnar ante la CRT una resolución emitida por esos defensores. La Comisión tendría facultades para modificar o revocar la decisión y, en determinados supuestos, imponer multas de hasta 1% de los ingresos acumulables anuales del medio involucrado.
Para la organización internacional, el problema se encuentra en que una autoridad estatal podría terminar interviniendo en la evaluación de criterios relacionados con la veracidad, actualidad o contexto de contenidos periodísticos.
HRW advierte posible efecto inhibidor sobre periodistas y medios
Jorge Peniche, investigador senior de Human Rights Watch para México, señaló que la precisión y la veracidad son principios fundamentales del periodismo, pero consideró que no corresponde al Gobierno decidir si los medios están realizando correctamente su trabajo.
HRW advirtió que una regulación de estas características podría generar un efecto inhibidor sobre medios y periodistas, incluso cuando la finalidad declarada de los lineamientos sea proteger los derechos de las audiencias.
La organización recordó que México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que reconocen el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas.
La CRT concluyó la consulta pública el 21 de agosto
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó el proyecto el 24 de julio de 2026 y abrió una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, con el objetivo de recibir opiniones y propuestas sobre los mecanismos mediante los cuales televidentes y radioescuchas pueden ejercer sus derechos frente a los medios.
Infobae reportó, con base en un análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que una parte mayoritaria de las participaciones recopiladas expresó preocupaciones relacionadas con posibles mecanismos de censura administrativa. Esa evaluación corresponde a dicha organización y no constituye una resolución oficial de la CRT.
El debate continuará ahora alrededor de la versión definitiva de los lineamientos y de los límites que deberán establecerse para garantizar simultáneamente los derechos de las audiencias y la libertad de expresión de medios y periodistas.
