El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en territorio sinaloense y que su ubicación no ha sido reservada por las autoridades mexicanas. Además, aclaró que no cuenta con escoltas federales, ya que su esquema de seguridad está a cargo de instancias estatales.
Las declaraciones surgieron después de varias semanas de especulación pública sobre el paradero del mandatario con licencia, luego de las acusaciones presentadas desde Estados Unidos y la solicitud de detención provisional con fines de extradición difundida por autoridades estadounidenses.
Harfuch descarta protección federal
Durante una conferencia, García Harfuch explicó que Rocha Moya se encuentra en Sinaloa y precisó que:
“La escolta corre a cargo del estado”.
El titular de la SSPC enfatizó que el gobierno federal no asignó elementos de seguridad nacional ni protección especial, desmintiendo versiones sobre participación de la Guardia Nacional o corporaciones federales en su resguardo.
La presidenta Claudia Sheinbaum también señaló previamente que Rocha Moya permanece en el estado y que su ubicación no está bajo reserva oficial.
El caso mantiene presión política sobre Sinaloa
La situación de Rocha Moya se convirtió en uno de los temas políticos más delicados del año.
El exmandatario solicitó licencia temporal al cargo en mayo mientras avanzan investigaciones derivadas de señalamientos realizados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con estructuras criminales. Rocha Moya rechazó dichas acusaciones y Morena ha solicitado pruebas adicionales antes de emitir conclusiones.
Mientras tanto, el gobierno estatal opera bajo la administración interina encabezada por Yeraldine Bonilla Valverde.
El paradero deja de ser incógnita, pero siguen abiertas las investigaciones
Aunque durante semanas circularon versiones sobre una posible salida del país o ubicación desconocida, la postura oficial actual indica que Rocha Moya permanece dentro de Sinaloa, bajo resguardo estatal y sin intervención de fuerzas federales.
El tema continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas, especialmente por las investigaciones abiertas y el impacto que podría tener rumbo al proceso electoral de 2027.
