La Cámara de Diputados aprobó la noche del 22 de septiembre una reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto fue enviado al Senado tras casi 11 horas de discusión; todavía no es una disposición vigente.
La propuesta obtuvo mayoría calificada
La votación en lo particular terminó con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Morena y sus aliados respaldaron la iniciativa de Claudia Sheinbaum, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se opusieron. La diputada independiente Guadalupe Mendoza Arias se abstuvo.
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Durante el debate se presentaron 229 reservas. Las reservas fueron retiradas, enviadas al Diario de los Debates o desechadas, por lo que se mantuvo el texto elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
La aplicación está prevista desde el proceso electoral de 2028
El régimen transitorio establece que las disposiciones serían aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. Excluye a quienes ya estén ejerciendo los cargos mencionados cuando entre en vigor el decreto y prevé 90 días naturales para adecuar la legislación secundaria.
El texto restringe adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio de los cargos e invocarla ante autoridades extranjeras. Incluye utilizar pasaportes o documentos de identidad de otro Estado, ejercer derechos políticos asociados a esa ciudadanía y acogerse a su protección diplomática.
Para la Jefatura de Gobierno capitalina se plantea que quienes tengan otra nacionalidad renuncien a ella antes de solicitar su registro. El aval de San Lázaro abre la siguiente etapa; la fecha propuesta no sustituye las aprobaciones pendientes.
El debate enfrenta soberanía y derechos políticos
Ricardo Monreal defendió la iniciativa como una medida para evitar conflictos de lealtad en los puestos ejecutivos. El coordinador de Morena sostuvo que estos cargos requieren reglas específicas y rechazó que el proyecto tenga como destinataria a una persona determinada.
Elías Lixa, coordinador del PAN, cuestionó las dificultades para cumplir una renuncia a la nacionalidad extranjera. Argumentó que su resolución depende de autoridades de otros países y que una solicitud sin respuesta podría impedir el registro de una candidatura.
La diferencia central está en si la exclusividad del vínculo nacional constituye una condición adecuada para ejercer esos cargos o una restricción desproporcionada a la participación. Son posiciones partidistas, no una resolución judicial.
El siguiente debate corresponde al Senado. Hasta que concluya el procedimiento y exista publicación oficial, los requisitos anunciados deben identificarse como parte de una reforma en trámite y no como una prohibición general de la doble nacionalidad para la población.
