La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias cerró con la participación de 8 mil 532 personas, en medio de un amplio debate sobre libertad de expresión, regulación de medios y las facultades que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
De acuerdo con un análisis elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 82.2% de los 8 mil 889 comentarios recopilados manifestó una postura en contra del proyecto, mientras que 9.7% expresó respaldo. Otro 6.1% apoyó algunos puntos pero planteó reservas y 2% no mostró una posición definida. Estas cifras corresponden al análisis de MCCI y no a una calificación oficial de la CRT.
La consulta recibió casi 9 mil comentarios
El ejercicio permaneció abierto durante 26 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, y acumuló además 271 documentos anexos.
MCCI informó que, mediante su proyecto Tlacuilo, resguardó y procesó la totalidad de las participaciones, que en conjunto superaron 1.7 millones de palabras. Según la organización, no detectó eliminación ni edición de comentarios durante el periodo de consulta.
El temor a la censura dominó las críticas
El principal argumento entre quienes rechazaron los lineamientos estuvo relacionado con posibles riesgos de censura. Según el análisis, 66% de los comentarios manifestó preocupación porque una autoridad pudiera ordenar rectificaciones o modificaciones de contenidos mediante procedimientos administrativos.
Además, 24.6% cuestionó que una autoridad pueda determinar qué información es falsa o verdadera, mientras que 34.2% defendió que las audiencias cuentan con capacidad para decidir qué contenidos consumir sin intervención gubernamental.
Otro 14.8% cuestionó la relación institucional de la CRT con el Poder Ejecutivo y 11.5% planteó que las obligaciones propuestas recaerían principalmente sobre concesionarios y no sobre la comunicación gubernamental.
También hubo argumentos a favor de los lineamientos
Entre quienes respaldaron la regulación, uno de los principales argumentos fue la necesidad de contar con mecanismos efectivos para reclamar información veraz y plural. Otros participantes consideraron que los medios acumulan un poder importante y requieren mecanismos de rendición de cuentas.
El proyecto establece obligaciones para concesionarios de radio y televisión, como contar con códigos de ética y defensores de las audiencias, además de distinguir entre información noticiosa, opinión y publicidad.
La discusión continuará ahora en torno a la versión definitiva de los lineamientos y al equilibrio entre protección de las audiencias, autorregulación de los medios y libertad de expresión.
