La discusión sobre la reforma electoral sumó un nuevo capítulo luego de que avanzara en la Cámara de Diputados la iniciativa para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que tendría como objetivo revisar perfiles de aspirantes y detectar posibles riesgos relacionados con vínculos delictivos o antecedentes que comprometan la integridad electoral. La propuesta forma parte del paquete de cambios impulsados rumbo al proceso de 2027 y busca responder a casos recientes donde autoridades han señalado presuntas relaciones entre actores políticos y grupos criminales.
El proyecto avanzó dentro de la Comisión de Reforma Político-Electoral y forma parte de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo federal para fortalecer controles preventivos antes del registro de candidaturas.
La nueva comisión operaría dentro del INE
La propuesta plantea la creación de una instancia especializada denominada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años.
Entre sus funciones estarían:
- Revisar información sobre perfiles de aspirantes.
- Recibir datos provenientes de instancias de seguridad y justicia.
- Detectar riesgos razonables relacionados con delincuencia organizada.
- Emitir evaluaciones preventivas para partidos políticos.
La iniciativa contempla que la comisión pueda apoyarse en información de instituciones como:
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mecanismo sería voluntario para partidos políticos
Uno de los puntos que más debate generó es que la participación no sería automática.
La propuesta establece que los partidos podrían solicitar voluntariamente la revisión de perfiles, utilizando la comisión como una herramienta de consulta antes de definir candidaturas.
El objetivo, según la iniciativa, sería evitar postulaciones de personas con posibles nexos criminales, antecedentes de corrupción o situaciones que representen riesgos para la integridad electoral.
Sin embargo, especialistas y sectores opositores consideran que el carácter voluntario podría limitar su impacto real.
INE expresa reservas sobre asumir funciones de investigación
Desde el propio Instituto surgieron observaciones sobre la propuesta.
Consejeros electorales han advertido que el INE tiene una función principalmente administrativa y organizaría elecciones, por lo que asumir tareas relacionadas con investigación de antecedentes podría colocar al organismo en una posición compleja.
Algunas voces dentro del instituto señalaron:
“No podemos ser juez y parte”.
La preocupación gira alrededor de temas como:
- Neutralidad institucional.
- Acceso a información reservada.
- Responsabilidad sobre evaluaciones.
- Riesgo de politización.
La reforma busca blindar las elecciones de 2027
El avance legislativo ocurre mientras el Congreso discute otros cambios relacionados con:
- Elección judicial aplazada a 2028.
- Nuevas causales de nulidad electoral.
- Ajustes a candidaturas judiciales.
- Revisión de integridad de aspirantes.
El Gobierno federal sostiene que el objetivo es impedir la infiltración del crimen organizado en procesos electorales locales y federales, especialmente después de investigaciones recientes en municipios y administraciones estatales.
La discusión continuará en el Congreso y podría convertirse en una de las reformas político-electorales más relevantes antes de las elecciones intermedias de 2027.
