La Asociación de Internet MX (AIMX) alertó sobre los riesgos del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, propuesto dentro del Paquete Económico 2026. La organización advirtió que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales al otorgar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso permanente y en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales. De aprobarse, significaría una intromisión sin precedentes en la privacidad digital de millones de personas y empresas en México.
El argumento oficial detrás del artículo es fortalecer la recaudación fiscal y mejorar la transparencia. Sin embargo, la AIMX señala que la medida abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva, sin controles judiciales claros ni límites definidos. Esto podría implicar que las autoridades fiscales tengan acceso a datos privados, financieros y operativos de ciudadanos y compañías sin una orden o investigación formal.
De acuerdo con el organismo, esta acción no tiene precedentes en economías democráticas comparables y podría dañar la confianza en el entorno digital mexicano. Además, su implementación afectaría directamente la ciberseguridad nacional, al incrementar el riesgo de filtraciones de información sensible.
Privacidad y economía digital en riesgo
El acceso directo del SAT a sistemas digitales, según la AIMX, representaría una violación al Artículo 16 Constitucional, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. También contravendría tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
Las sanciones contempladas por incumplimiento del artículo —que incluyen el bloqueo total de plataformas digitales— podrían paralizar la operación de miles de empresas y generar pérdidas millonarias. Las MiPyMEs, que dependen del ecosistema digital para operar y facturar, serían las más afectadas.
Asimismo, el comunicado advierte que esta medida podría debilitar la competitividad económica, al exponer información estratégica o confidencial de corporaciones nacionales y extranjeras. En términos técnicos, vincular los sistemas del SAT con plataformas digitales de alto tráfico sin medidas robustas de seguridad podría facilitar ataques cibernéticos y filtraciones de datos.
En este contexto, la AIMX sostiene que la digitalización del Estado debe enfocarse en proteger los derechos ciudadanos, no en crear mecanismos de vigilancia o control desproporcionado.
Impacto político y económico del Artículo 30-B
Más allá del aspecto técnico, la medida representa un riesgo político y económico para México. Centralizar el acceso a la información digital bajo control gubernamental podría debilitar la confianza en las instituciones y desincentivar la inversión extranjera.
La AIMX advirtió que este tipo de disposiciones se asemejan a prácticas de países con regímenes autoritarios, donde la supervisión digital del Estado se ha utilizado para ejercer control político y económico. Implementar una medida así en México podría provocar crisis de confianza tanto en el sector privado como entre los ciudadanos.
Pese a las modificaciones aprobadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la versión actual del artículo mantiene las facultades de acceso en tiempo real, lo que la AIMX considera insuficiente. La asociación urgió al Senado de la República a revisar y detener la iniciativa antes de su aprobación final.
De mantenerse el texto actual, México podría retroceder en materia de derechos digitales y afectar su reputación internacional como país comprometido con la innovación, la democracia y la transparencia tecnológica.
Un llamado a la responsabilidad legislativa
La Asociación de Internet MX reconoció la necesidad de combatir la evasión fiscal, pero advirtió que esto debe hacerse sin comprometer la privacidad ni la libertad digital. Propuso medidas para reformular el Artículo 30-B, como:
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Sustituir el acceso en tiempo real por auditorías selectivas con orden judicial.
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Garantizar que solo se consulte información estrictamente fiscal.
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Proteger los secretos industriales y datos sensibles de empresas y ciudadanos.
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Implementar candados de ciberseguridad y autenticación multifactor.
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Desarrollar una fase piloto controlada antes de aplicarlo a nivel nacional.
La AIMX concluyó que la privacidad, la innovación y la ciberseguridad deben ser pilares de cualquier política pública en la era digital. Asegurar la transparencia fiscal no puede implicar la renuncia a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En palabras de la organización, México está a tiempo de demostrar que puede construir un Estado digital democrático y seguro.
