Una investigación del The New York Times reveló que Paolo Zampolli, cercano al entorno de Donald Trump, habría recurrido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar la deportación de su exesposa en medio de una disputa por la custodia de su hijo.
De acuerdo con el reporte, Zampolli contactó a un alto funcionario del ICE tras enterarse de que su expareja, de origen brasileño, se encontraba detenida en Miami por presuntos cargos de fraude laboral.
El objetivo, según la investigación, era facilitar el proceso migratorio en su contra y así fortalecer su posición legal en la disputa familiar.
Señalan influencia política en decisiones migratorias
El caso ha generado controversia debido a que Zampolli es conocido por su cercanía con círculos políticos en Washington, lo que habría facilitado el contacto directo con autoridades migratorias.
Según los registros citados, el empresario argumentó que su exesposa se encontraba en Estados Unidos sin documentos, lo que derivó en acciones por parte de ICE.
Este tipo de intervención ha sido señalado como un posible uso indebido de recursos gubernamentales para resolver conflictos personales.
El involucrado niega haber solicitado favores
En respuesta a las acusaciones, Zampolli negó haber pedido directamente la detención o deportación de su exesposa, asegurando que únicamente buscaba información sobre su situación legal.
Sin embargo, la investigación indica que hubo comunicación directa con funcionarios y que el caso avanzó en un contexto de influencia política, lo que ha intensificado el debate público.
Gobierno de EE.UU. defiende legalidad del proceso
Por su parte, autoridades estadounidenses han sostenido que la deportación estuvo justificada por razones legales, como la expiración de la visa y los cargos en su contra.
El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado que existiera trato preferencial, insistiendo en que el proceso se llevó a cabo conforme a la normativa migratoria vigente.
Debate sobre uso del poder y sistema migratorio
El caso reabre la discusión sobre los límites del poder político y la posible influencia en agencias federales como ICE, especialmente en un contexto donde las políticas migratorias han sido altamente polémicas.
Especialistas advierten que este tipo de situaciones pueden afectar la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema migratorio en Estados Unidos.
“Evidencia cómo intereses personales pueden cruzarse con decisiones institucionales”, señalan análisis en torno al caso.
