Cancelar una suscripción, rechazar una oferta o completar una compra en internet podría dejar de ser un recorrido lleno de obstáculos. La Comisión Europea prepara una nueva legislación para combatir los diseños digitales que manipulan las decisiones de los consumidores, conocidos como dark patterns o patrones oscuros.
El proyecto forma parte de la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), cuyo borrador contempla prohibir diez prácticas engañosas en sitios web y aplicaciones. La propuesta también incluye restricciones para determinadas funciones de videojuegos, mayor transparencia en las suscripciones y multas de hasta el 6% de la facturación mundial de las empresas que incumplan las reglas.
El documento todavía no es una ley aprobada. La Comisión Europea tiene previsto presentar formalmente la iniciativa el 11 de noviembre de 2026, después de que el borrador se hiciera público.
¿Qué son los patrones oscuros que busca prohibir la Unión Europea?
Los dark patterns son recursos de diseño utilizados en páginas web y aplicaciones para influir en las decisiones de los usuarios. Pueden aparecer en tiendas en línea, plataformas de entretenimiento, servicios de suscripción y aplicaciones móviles.
Su objetivo suele ser conseguir que una persona compre un producto, acepte condiciones, comparta información o permanezca más tiempo en una plataforma, incluso cuando esa decisión no responde a sus intereses.
El borrador europeo propone establecer una lista de diez prácticas que serían consideradas desleales en cualquier circunstancia, sin que las autoridades tengan que demostrar individualmente el perjuicio ocasionado en cada caso.
Los 10 diseños manipuladores que podrían quedar prohibidos
La propuesta contempla las siguientes prácticas:
1. Dificultar la cancelación de suscripciones: hacer que darse de alta sea sencillo, pero que terminar el contrato requiera pasos desproporcionados.
2. Ocultar precios y renovaciones automáticas: esconder información sobre los costos, cargos o condiciones de continuidad de un servicio.
3. Simular que no existen alternativas: presentar una opción como si fuera la única disponible para presionar al consumidor.
4. Utilizar afirmaciones engañosas sobre disponibilidad o popularidad: mostrar información falsa o incompleta sobre las existencias de un producto o su demanda.
5. Repetir alertas de escasez durante una compra: insistir con mensajes sobre supuestas existencias limitadas para acelerar la decisión.
6. Agregar productos o cantidades automáticamente: utilizar opciones preseleccionadas que incorporan artículos adicionales al pedido sin una elección consciente del usuario.
7. Hacer que rechazar una oferta parezca una decisión equivocada: utilizar botones o mensajes que culpabilizan a quien no acepta una promoción.
8. Insistir para modificar una decisión: presionar repetidamente a los consumidores para que cambien una elección que ya realizaron.
9. Confundir mediante dobles negaciones: presentar opciones con redacciones deliberadamente complicadas que dificultan comprender sus consecuencias.
10. Enviar notificaciones falsas: mostrar avisos que sugieren que alguien ha enviado un mensaje o interactuado con el usuario cuando eso no ocurrió.
Pruebas gratuitas y suscripciones tendrán nuevas condiciones
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con los servicios que ofrecen periodos de prueba sin costo y posteriormente comienzan a cobrar automáticamente.
De acuerdo con el borrador, una prueba gratuita no podría convertirse en una suscripción de pago sin que el consumidor acepte expresamente ese cambio. También se contemplan recordatorios antes de las renovaciones automáticas y un botón que permita terminar un contrato directamente desde internet.
La iniciativa plantea, además, que los usuarios tengan derecho a comunicarse con una persona real durante los procesos de atención al cliente.
Otro aspecto que busca regular es el llamado drip pricing, una práctica en la que los cargos inevitables aparecen hasta las últimas etapas del proceso de compra. La propuesta pretende que los consumidores conozcan el precio real antes de llegar al pago.
Videojuegos, menores y funciones diseñadas para generar dependencia
La protección de menores ocupa un lugar importante en la iniciativa. El borrador contempla prohibir para ellos las cajas de botín de pago (loot boxes) y las mecánicas pay-to-win, que permiten obtener ventajas dentro de un videojuego mediante compras.
También propone que las monedas virtuales muestren su equivalencia en dinero real y permanezcan desactivadas de forma predeterminada para menores, salvo autorización de sus padres o tutores.
En cuanto a las plataformas digitales, los usuarios podrían desactivar funciones que incentivan el uso prolongado, como la reproducción automática, las notificaciones que no responden a su propia actividad y las recompensas por mantener rachas de conexión.
El documento también contempla restricciones para funciones de chatbots que simulan relaciones personales con el propósito de mantener a las personas interactuando durante más tiempo.
Publicidad personalizada e inteligencia artificial también entran en la regulación
La propuesta busca limitar la publicidad personalizada basada en perfiles de menores y establecer mayores controles sobre las prácticas comerciales que aprovechan las vulnerabilidades de los consumidores.
Además, incorpora disposiciones para los agentes de compra impulsados por inteligencia artificial. Estas herramientas deberán informar cuando presenten recomendaciones patrocinadas y permitir que los usuarios decidan qué adquisiciones necesitan aprobar personalmente.
La intención es que las compras automatizadas no se conviertan en una vía para realizar transacciones sin que las personas tengan suficiente información o control sobre sus decisiones.
Empresas podrían enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación mundial
El borrador contempla sanciones de hasta el 6% de la facturación anual global de las compañías que incurran en determinadas prácticas comerciales digitales prohibidas.
La regulación buscaría aplicarse en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y sustituir la actual Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales por un reglamento de aplicación directa.
Sin embargo, la propuesta ya enfrenta cuestionamientos. El Gobierno alemán ha expresado reservas sobre la necesidad de crear una nueva legislación horizontal y considera que algunas disposiciones podrían incorporarse a las normas de protección al consumidor que ya existen.
Una vez presentada, la iniciativa tendrá que ser negociada por el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros. Si finalmente se aprueba, el borrador contempla que las nuevas reglas comiencen a aplicarse 12 meses después de su entrada en vigor.
La Ley de Equidad Digital podría modificar la manera en que las empresas diseñan sus plataformas y se relacionan con los consumidores. Su objetivo es que aceptar una oferta, realizar una compra o cancelar un servicio sean decisiones tomadas con información clara y sin presiones artificiales. El alcance definitivo dependerá del texto que presente la Comisión y de las negociaciones legislativas posteriores.
