Una controversia por las rentas de corta estancia en la Ciudad de México continúa en el desarrollo residencial Agatha del Valle, donde propietarios aprobaron un reglamento que establece multas de hasta mil 500 pesos para huéspedes de departamentos anunciados en plataformas como Airbnb.
Las nuevas disposiciones se aplican después de que una propietaria obtuvo un amparo contra la prohibición de rentar dos inmuebles mediante aplicaciones digitales.
Juez resolvió a favor de propietaria de departamentos
El conflicto comenzó en 2024, cuando una asamblea de condóminos decidió prohibir las rentas mediante plataformas digitales.
De acuerdo con la administradora de los inmuebles, la primera decisión fue adoptada con 17 votos dentro de un desarrollo de 180 departamentos.
Posteriormente, otra asamblea ratificó la prohibición mediante 35 votos a favor y 15 en contra.
La propietaria de dos departamentos presentó un juicio de amparo y obtuvo una resolución favorable del juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo.
La sentencia determinó que la asamblea no podía modificar el reglamento interno para prohibirle esa modalidad de renta, al considerar la protección de la libertad de trabajo.
Multas alcanzan los mil 500 pesos por distintas conductas
Después de la resolución judicial, la asamblea aprobó nuevas disposiciones para los huéspedes.
Entre las sanciones contempladas se encuentran multas de mil 500 pesos por utilizar un espacio de estacionamiento equivocado, dejar basura en los pasillos o tender ropa en el balcón.
También se establecieron multas de mil pesos por retirar, manipular o intercambiar los brazaletes de identificación.
La reposición de un brazalete cuesta 500 pesos, mientras que no devolverlo al finalizar la estancia implica una sanción de mil pesos.
Propietarios deben entregar garantía de 10 mil pesos
El reglamento también establece que la propietaria de los departamentos debe depositar un fondo de garantía de 10 mil pesos para responder por posibles daños ocasionados por sus huéspedes.
Además, exige que la administradora realice personalmente el registro de las personas alojadas, independientemente de su horario de llegada.
La administradora declaró a Excélsior que considera las disposiciones una represalia por haber obtenido el amparo.
Según su testimonio, algunas multas ya fueron cubiertas por la propietaria, la propia administradora y al menos un huésped.
Cuestionan legalidad de las nuevas restricciones
Héctor Rivera, asesor jurídico de la organización Todos Somos Anfitriones, consideró que establecer reglas diferenciadas para residentes y huéspedes de plataformas digitales podría constituir un trato discriminatorio.
El abogado sostuvo que la legislación turística contempla las estancias temporales en condominios y que los propietarios deben informar sobre esta actividad a la asamblea.
Sin embargo, su interpretación representa una postura jurídica sobre la controversia y no una sentencia que invalide automáticamente todas las multas.
El caso refleja las diferencias entre propietarios de viviendas destinadas al alquiler temporal y residentes preocupados por las condiciones de convivencia y seguridad dentro de los condominios.
Por ahora, el fallo judicial citado se refiere a la prohibición de rentar los inmuebles, mientras que la validez de las sanciones posteriores constituye una cuestión distinta.
