La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que modifica las responsabilidades de plataformas y proveedores de servicios digitales frente a contenidos que infrinjan propiedad intelectual, una iniciativa que durante el debate legislativo fue denominada por opositores como “Ley Antimemes”.
El proyecto fue aprobado en lo general con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, con el respaldo de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Reforma modifica régimen de responsabilidad digital
El dictamen reforma el artículo 144 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Uno de sus puntos principales modifica las reglas del llamado “puerto seguro”, mecanismo que limita la responsabilidad de proveedores de internet por contenidos publicados por sus usuarios.
Las plataformas podrán mantener esa protección cuando cuenten con políticas públicas para suspender o eliminar cuentas de infractores reincidentes.
Sin embargo, podrían asumir responsabilidad cuando contribuyan deliberadamente a una infracción, tengan capacidad para controlar al usuario responsable o reciban beneficios económicos directos derivados de la conducta.
IMPI podrá aplicar nuevas sanciones
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá facultades para imponer multas dependiendo del tipo y gravedad de las infracciones.
Las sanciones más elevadas se ubican entre 5 mil y 40 mil UMA para determinadas utilizaciones públicas, reproducciones o comercializaciones no autorizadas de obras protegidas.
También se establecen multas adicionales para casos de reincidencia.
Oposición advierte posibles riesgos de censura
Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que las modificaciones podrían utilizarse para retirar contenidos críticos en internet.
Entre los ejemplos mencionaron publicaciones relacionadas con Andrés Manuel López Beltrán y Rubén Rocha Moya.
Estas afirmaciones formaron parte de la argumentación política de la oposición; el texto legislativo aprobado se refiere formalmente a protección de derechos de autor, propiedad intelectual y obligaciones de proveedores digitales.
Los legisladores oficialistas defendieron la reforma como un mecanismo para proteger a los titulares de derechos frente a infracciones digitales.
