La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aclaró que Claudia Sheinbaum no ha autorizado pruebas piloto de fracking. La instrucción presidencial consiste en estudiar la disponibilidad de agua salada y profunda, explicó la dependencia después de la comparecencia de Alicia Bárcena ante diputados el 6 de octubre.
La aclaración distingue estudios de agua y extracción
Bárcena abordó el tema durante la revisión del Segundo Informe de Gobierno ante las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático. Sus declaraciones generaron interpretaciones sobre un posible permiso para fracking, por lo que aclaró los trabajos.
La funcionaria indicó que no existen condiciones para avanzar en la explotación mediante esa técnica. El análisis del recurso hídrico constituye un paso de evaluación y no una autorización para perforar o extraer hidrocarburos mediante fracking.
Restricciones ambientales y normas pendientes
La secretaria explicó que una eventual evaluación tendría que excluir el uso de agua potable o destinada a actividades agrícolas. Entre las condiciones expuestas figuran proteger acuíferos, impedir sustancias altamente tóxicas y mantener vigilancia de la actividad sísmica.
También se planteó utilizar agua salina profunda y reciclar al menos 75% del recurso empleado. Estas condiciones fueron presentadas dentro del análisis técnico; no significan que ya exista un proyecto autorizado o que se haya demostrado su cumplimiento.
Bárcena señaló la necesidad de actualizar disposiciones ambientales, incluidas las relacionadas con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Mencionó reglas para pozos no convencionales y tratamiento de agua salada como parte de los temas que aún deben resolverse.
La política ambiental también entra a revisión legislativa
Durante la comparecencia se mencionó la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Tamaulipas, como una zona bajo análisis. La ubicación no implica un permiso de explotación. La posición precisada por Semarnat mantiene la actividad en una etapa de estudios.
En el balance general, Bárcena presentó una política ambiental organizada en cinco ejes: garantía de derechos, conservación, restauración, transformación del modelo de producción y justicia ambiental. La funcionaria vinculó esa orientación con la protección de comunidades y ecosistemas.
También reconoció las audiencias públicas sobre una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en las que participan academia, organizaciones sociales, empresas y autoridades. Expresó la disposición de la dependencia para acompañar la discusión con información técnica.
El debate sobre el fracking permanece sujeto a la disponibilidad de agua, las condiciones ambientales y el marco regulatorio. La aclaración oficial establece el estado actual del proceso: continuar la evaluación técnica sin presentar los estudios como una autorización para iniciar la extracción.
