La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que presentó 517 denuncias relacionadas con posibles delitos de corrupción durante los primeros dos años de la administración federal, de las cuales 53 derivaron en vinculaciones a proceso. El balance del 22 de septiembre incluye sanciones administrativas y ahorros por prevención.
Las vías penal y administrativa tienen resultados distintos
Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, señaló que las vinculaciones representan 10.2% de las denuncias. Entre los delitos investigados mencionó enriquecimiento ilícito, peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio ilícito del servicio público.
La vinculación permite continuar un proceso penal y no equivale a una sentencia condenatoria. Por separado, se reportaron 4,193 sanciones administrativas: 3,528 por faltas no graves y 665 por graves. Estas cifras no corresponden a condenas penales.
La dependencia remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa asuntos relacionados con 1,737 servidores públicos: 87 habían sido notificados y 1,650 seguían en proceso. Las conductas señaladas incluyen pagos indebidos, ocultamiento de bienes y autorizaciones de servicios que no fueron entregados.
El Gobierno atribuye ahorros a compras y contratos
Claudia Sheinbaum presentó un ahorro de 83,800 millones de pesos asociado con prevención, supervisión y eficiencia administrativa. El informe desglosa 29,000 millones por mejoras en compras y 42,200 millones por seguimiento a contratos e identificación de incumplimientos o modificaciones injustificadas.
Otros 4,800 millones corresponden al cobro de multas y adeudos, penalizaciones y devolución de pagos en exceso. A las reestructuras administrativas se atribuyen 7,800 millones. El balance del Ejecutivo combina distintas acciones de gestión.
Buenrostro agregó que se impartieron 1.3 millones de capacitaciones sobre ética e integridad. También reportó que 97.7% de los servidores públicos presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma, indicador de entrega que no demuestra ausencia de irregularidades.
Proveedores sancionados y reformas pendientes
El informe registra 286 sanciones a proveedores: 222 con inhabilitación y multa, y 64 únicamente económicas, por un monto de 147.3 millones de pesos. Entre las faltas se mencionaron documentación falsa, incumplimiento contractual y ocultamiento de conflictos de interés.
En materia de datos personales se impusieron multas por 118.5 millones de pesos a 51 particulares. Además, la secretaría informó del envío de 33 expedientes de particulares al tribunal administrativo, un trámite distinto de las sanciones.
El Gobierno prepara iniciativas con participación del tribunal y de la Auditoría Superior de la Federación. Busca corregir vacíos de competencia y evitar que los procedimientos se detengan hasta prescribir. Los cambios siguen en preparación; el informe no acredita su aprobación.
