Comprar por internet puede comenzar con un precio y terminar con otro. Un boleto de avión, una entrega a domicilio, una reservación de hotel o incluso una suscripción pueden mostrar un costo inicial que aumenta conforme avanza el proceso de compra debido a impuestos, comisiones, tarifas de servicio u otros cargos.
Esta práctica, conocida como “goteo de precios” o drip pricing, está ahora en el centro de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que busca obligar a los proveedores digitales a mostrar desde el principio el precio total y definitivo de los bienes y servicios.
La propuesta ha provocado la reacción de asociaciones que representan a empresas y plataformas digitales como Amazon, Uber, DiDi, Rappi, Netflix, Disney, Spotify, Apple Music, DHL, UPS y FedEx, entre otras. Las organizaciones solicitaron una mesa de trabajo con legisladores para plantear observaciones sobre el alcance de la reforma.
¿Qué propone la iniciativa?
El proyecto fue presentado por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y plantea modificar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La propuesta establece que, en las operaciones realizadas mediante medios electrónicos, el proveedor tendría que mostrar de manera clara, visible, accesible y desde el primer momento de la oferta el precio total y definitivo del producto o servicio.
Ese monto debería contemplar, según corresponda:
- Impuestos.
- Comisiones.
- Tarifas de servicio.
- Costos administrativos.
- Cargos adicionales aplicables.
- Otros conceptos que formen parte del precio final.
Además, el proveedor no podría aumentar posteriormente el precio anunciado mediante cargos que no hubieran sido informados previamente y de manera visible.
La iniciativa también plantea que las plataformas identifiquen de manera expresa cuándo una oferta, descuento o precio preferencial corresponde a contenido publicitario o promocional.
¿Qué es el “goteo de precios”?
El llamado drip pricing ocurre cuando una empresa muestra inicialmente un precio atractivo y posteriormente incorpora nuevos cargos mientras el consumidor avanza en la compra.
Por ejemplo, una persona puede encontrar un servicio anunciado en 500 pesos. Después de seleccionar fechas, características y forma de pago, el precio puede aumentar debido a tarifas adicionales, impuestos o cargos de servicio.
El problema que busca atender la iniciativa es que el consumidor no pueda conocer el costo real hasta prácticamente terminar la operación.
La exposición de motivos del proyecto señala que esta práctica dificulta comparar diferentes opciones, porque dos servicios pueden parecer tener precios similares al principio y terminar con costos considerablemente distintos.
¿Qué argumentan las plataformas digitales?
Las organizaciones que representan al sector no rechazan, al menos en sus posicionamientos citados, el objetivo general de aumentar la transparencia.
Su principal preocupación está relacionada con la obligación de establecer un “precio total y definitivo” desde el primer momento, debido a que existen servicios cuyos costos dependen de información que todavía no conoce la plataforma cuando el usuario comienza la compra.
Entre los ejemplos mencionados por las asociaciones están:
- Costos de envío que dependen del código postal.
- Productos cuyo peso final puede variar.
- Pedidos enviados desde diferentes almacenes o vendedores.
- Servicios de instalación cuyo precio depende de las características del trabajo.
- Operaciones internacionales sujetas a impuestos de importación.
- Cargos que dependen de terceros o proveedores tecnológicos.
- Servicios cuyo costo depende de información que el consumidor proporciona durante el proceso de contratación.
Por ello, las empresas plantean distinguir entre cargos que pueden conocerse y calcularse desde el principio y aquellos cuyo monto depende de variables que todavía no están determinadas.
¿Qué quieren las empresas que ocurra con la reforma?
Las asociaciones solicitaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una mesa de trabajo para revisar técnicamente la iniciativa y presentar sus observaciones.
El planteamiento del sector es que pueda mantenerse el objetivo de transparentar los precios, pero con reglas que contemplen las particularidades de los distintos modelos de negocio digitales.
Entre las organizaciones que han expresado observaciones se encuentran asociaciones vinculadas con comercio electrónico, tecnología y servicios digitales.
La discusión, por tanto, no se centra únicamente en si los precios deben ser transparentes, sino en qué cargos pueden conocerse con anticipación y cuáles dependen de factores que aparecen durante la operación.
¿Cuánto pueden aumentar los precios durante una compra?
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados retoma datos atribuidos a la Profeco para dimensionar el problema.
De acuerdo con la información citada en el proyecto y difundida sobre la propuesta, en plataformas de hospedaje se han identificado diferencias importantes entre el precio inicial y el costo final, incluyendo un caso en el que la variación llegó hasta 89%.
En servicios de entrega a domicilio, la propuesta también menciona que las tarifas de envío y cargos por servicio pueden representar incrementos importantes respecto del subtotal del pedido.
La iniciativa también cita estimaciones de la OCDE según las cuales los consumidores pueden terminar pagando entre 7% y 15% más cuando no conocen el precio total desde el inicio.
Estas cifras forman parte de los argumentos utilizados para justificar la reforma y no significan que todos los servicios digitales aumenten sus precios en esos porcentajes.
¿En qué plataformas podría tener impacto?
La propuesta tendría un alcance amplio porque no está dirigida exclusivamente a una industria.
Podría involucrar operaciones realizadas mediante plataformas de:
Comercio electrónico:
Amazon y otros marketplaces tendrían que transparentar desde el inicio los cargos que puedan determinarse previamente.
Transporte y entregas:
Servicios como Uber, DiDi y Rappi podrían verse involucrados en operaciones cuyos costos dependen de distancia, ubicación y otras variables.
Viajes y hospedaje:
Reservaciones de hoteles, vuelos y otros servicios turísticos podrían estar entre los casos en los que la diferencia entre el precio inicial y el final resulta más visible.
Entretenimiento digital:
Servicios de streaming como Netflix, Disney+ y otras plataformas también aparecen dentro del debate debido a sus diferentes niveles de suscripción y cargos asociados.
Servicios de paquetería:
Empresas como DHL y FedEx podrían enfrentar situaciones en las que el costo final depende de características específicas del envío.
Esto no significa que todas estas empresas estén acusadas de aplicar cargos ocultos ni que la reforma vaya a imponerles automáticamente una nueva tarifa. Son ejemplos de los sectores y modelos de negocio que podrían verse alcanzados por una modificación al marco legal.
¿La reforma ya fue aprobada?
No.
La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y se encuentra dentro del proceso legislativo. El Sistema de Información Legislativa registra que el proyecto fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 14 de septiembre de 2026 y que su último trámite reportado es que no se abordó.
Por lo tanto, actualmente no existe una nueva obligación general que ya esté exigiendo a todas las plataformas mostrar el precio definitivo bajo estas reglas.
Todavía tendría que avanzar por las etapas correspondientes del proceso legislativo antes de convertirse en una reforma vigente.
¿Qué cambiaría para los consumidores si se aprueba?
Si la propuesta se aprueba en los términos planteados, el cambio más visible sería que el consumidor debería poder conocer desde el inicio cuánto tendrá que pagar, siempre que todos los elementos del precio puedan determinarse en ese momento.
En lugar de avanzar por varias pantallas para descubrir cargos adicionales, la información sobre impuestos, comisiones y tarifas aplicables tendría que aparecer desde el comienzo cuando sean conocidos.
También habría mayor claridad respecto a las promociones y descuentos que correspondan a contenido publicitario.
Sin embargo, el debate actual muestra que el reto está en determinar cómo aplicar esa regla cuando el costo depende de variables que todavía no existen o que el consumidor aún no ha proporcionado.
El debate apenas comienza
La discusión sobre el precio total refleja un problema cada vez más común en el comercio digital: la diferencia entre el precio que atrae al consumidor y el precio que finalmente aparece en la pantalla de pago.
La iniciativa busca cerrar ese espacio obligando a transparentar el costo desde el comienzo. Las plataformas, por su parte, piden que la regulación distinga entre cargos que pueden calcularse de antemano y aquellos que dependen de factores que se conocen durante la compra.
Por ahora, la propuesta continúa en el Congreso y las asociaciones del sector buscan participar en su revisión.
Si la reforma avanza, uno de los principales puntos a definir será precisamente ese: qué debe entenderse como “precio total y definitivo” cuando una compra digital depende de variables que todavía no se conocen.
