La Fiscalía General de la República confirmó el 17 de septiembre el aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustibles en Guanajuato, dentro de una investigación sobre su posible comercialización ilícita. La intervención incluyó un inmueble en San José Iturbide y se derivó de indagatorias iniciadas después de una detención realizada en julio.
Una investigación que comenzó en San Luis de la Paz
De acuerdo con la información de la FGR difundida por La Jornada, el expediente comenzó el 3 de julio, cuando una persona fue detenida mientras presuntamente descargaba diésel cuya procedencia legal no pudo acreditar. La operación involucraba una pipa con capacidad de 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz.
Las diligencias posteriores alcanzaron tres inmuebles: esa estación de servicio, un establecimiento de gas LP en Dolores Hidalgo y el predio de San José Iturbide. La investigación incorporó técnicas autorizadas judicialmente y la participación de autoridades federales y estatales.
El inventario reportado incluye siete unidades de transporte, diez tanques cilíndricos y documentación contable. La FGR detalló 33 millones 504 mil 67.406 litros de gasolina regular, siete millones 266 mil 813.6174 de premium y 18 millones 265 mil 989.504 de diésel.
El volumen exige manejo especializado
El operativo de San José Iturbide se desarrolló en la comunidad de La Fragua. Según la información estatal recogida por El País, el combustible y los contenedores requieren intervención de personal especializado para su identificación y manejo seguro.
La supervisión busca evitar derrames e incendios durante las labores relacionadas con el aseguramiento. El volumen incautado dimensiona la operación, pero no permite establecer por sí solo cuánto tiempo llevaba almacenado, cuál era su destino comercial o qué responsabilidad corresponde a cada persona investigada.
Aseguramiento y sentencia son etapas diferentes
El artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los bienes relacionados con un posible delito pueden asegurarse durante la investigación para impedir que sean alterados, destruidos o desaparezcan. La medida permite conservar objetos e indicios mientras se esclarecen los hechos.
La norma dispone controles de resguardo acordes con la naturaleza de los bienes y con la peligrosidad de su conservación. Esa obligación adquiere especial relevancia cuando se trata de grandes volúmenes de sustancias inflamables y de instalaciones destinadas a almacenarlas.
El reporte de la fiscalía describe una acción dentro de una investigación penal. No acredita una sentencia contra las personas involucradas ni permite atribuir automáticamente el combustible a una organización específica. La identificación de responsables y la determinación del origen de los productos dependen de las pruebas que se integren al expediente.
La FGR no informó un valor comercial sobre los materiales asegurados.
